La Ciudad de México busca establecer nuevas reglas para el mercado de alquiler de vivienda, con medidas para dar mayor certidumbre a inquilinos y propietarios, limitar los incrementos de renta y facilitar la resolución de conflictos mediante una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles contempla mecanismos de regulación, asesoría y conciliación para atender las controversias entre arrendadores y arrendatarios.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que los incrementos de renta no podrán superar la inflación anual registrada por el INEGI. Aclaró que la propuesta no plantea congelar los alquileres, sino establecer un límite para sus aumentos.

La iniciativa también contempla precisar el funcionamiento del Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, que incluirá datos como los nombres de las partes, ubicación y superficie del inmueble, precio de la renta, depósito, garantía y duración del contrato.

De acuerdo con Muñoz Santini, el acceso a la información estará restringido al arrendador, al arrendatario y a la Defensoría, exclusivamente para resolver controversias y respetando las disposiciones de protección de datos personales.

Mediación y asesoría para resolver conflictos

Brugada señaló que la nueva defensoría contará con personal especializado para brindar atención, asesoría y mediación. Si el Congreso aprueba la iniciativa hacia finales de este año, el gobierno capitalino prevé asignar recursos públicos para ponerla en marcha en 2027.

La mandataria explicó que el objetivo es ofrecer una alternativa accesible para resolver desacuerdos sin que las partes tengan que recurrir necesariamente a juicios civiles, que implican gastos de abogados y otros procedimientos.

Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, sostuvo que el mercado de alquileres presenta problemas de informalidad, contratos inexistentes y falta de certidumbre jurídica. Consideró que la propuesta busca establecer reglas claras y equilibrar los derechos de quienes rentan y de quienes ofrecen una vivienda.

Analizarán observaciones sobre la iniciativa

Ante los cuestionamientos de especialistas y organizaciones sobre posibles incrementos por mejoras en los inmuebles, el secretario de Vivienda indicó que será necesario precisar los parámetros para determinar cuándo una inversión constituye una mejora sustancial que justifique revisar el valor de la propiedad.

Reiteró que este mecanismo no deberá utilizarse para evadir el límite de los aumentos vinculado con la inflación. También afirmó que la iniciativa no pretende eliminar la prórroga de los contratos prevista en el Código Civil, aunque reconoció que algunos pasajes de la exposición de motivos pueden generar confusión.

Sobre los desalojos, Brugada anunció que se buscará capacitar a las personas que participan como cargadores y establecer un padrón, en coordinación con el Tribunal, para que intervengan personas capacitadas bajo criterios de derechos humanos y protección de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a los alquileres temporales mediante plataformas digitales como Airbnb, Muñoz Santini indicó que continuará el proceso de regulación previsto en la legislación turística. Entre las medidas mencionó el límite permitido de ocupación de 50 por ciento de las noches y el registro de anfitriones e inmuebles.

La jefa de Gobierno sostuvo que su administración respetará la propiedad privada y, al mismo tiempo, continuará con la adquisición de inmuebles destinados a vivienda pública para ampliar la oferta habitacional de la capital.

La iniciativa y la reforma constitucional relacionada con las rentas deberán continuar su discusión en el Congreso de la Ciudad de México.