La iniciativa contempla diez ejes para atender conflictos vecinales, reparar daños y evitar que las faltas administrativas escalen a hechos de violencia.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó los principales ejes de la reforma integral a la Ley de Cultura Cívica, una iniciativa que busca transformar el modelo de justicia cívica mediante la prevención de conflictos, la mediación comunitaria y la atención de las causas que originan conductas violentas.
Durante la presentación, acompañada por integrantes de su gabinete, la mandataria capitalina explicó que la propuesta, anunciada durante su segundo informe ante el Congreso local, fue analizada durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz.
El objetivo, señaló, es dejar atrás un esquema centrado en multas, arrestos y sanciones para avanzar hacia una justicia preventiva y restaurativa que permita resolver los conflictos cotidianos antes de que deriven en hechos de violencia.
La iniciativa contempla diez ejes estratégicos: un modelo preventivo y restaurativo; la atención de determinadas conductas de baja gravedad en los juzgados cívicos; juicios orales mediante audiencias públicas; la incorporación de agentes psicosociales restaurativos; la creación de centros comunitarios para gestionar conflictos; la reducción de la judicialización innecesaria; la reparación del daño y los compromisos de no repetición; la justicia cívica itinerante; medidas comunitarias para transformar conductas, y una ruta de atención con tres vías de acceso.
Brugada aclaró que la propuesta permitirá atender por la vía cívica determinadas conductas de baja gravedad, como la sustracción de bienes de escaso valor o ciertos conflictos familiares, bajo condiciones específicas, sin eliminar la posibilidad de acudir al Ministerio Público.
En el caso de daños materiales, la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que se propone incorporar a la justicia cívica afectaciones que no superen las 50 UMA, equivalentes a aproximadamente 5 mil 800 pesos, así como determinados robos menores sin violencia ni reincidencia.
La finalidad es ofrecer soluciones más rápidas para las víctimas, facilitar la reparación del daño y permitir que la Fiscalía concentre recursos en la investigación de delitos de mayor gravedad.
Otro de los cambios será la incorporación de audiencias públicas, orales e inmediatas, en las que jueces cívicos escucharán a las partes y determinarán las sanciones correspondientes. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, este mecanismo también permitirá agilizar las presentaciones policiales, mejorar la rendición de cuentas y reducir oportunidades de corrupción.
La reforma prevé, además, la intervención de agentes psicosociales restaurativos para identificar factores emocionales, sociales o de riesgo que puedan estar detrás de las infracciones, con la posibilidad de canalizar a las personas a servicios psicológicos, tratamientos de adicciones, programas educativos o alternativas de empleo.
Como parte del acercamiento de la justicia a las comunidades, se crearán centros de gestión de conflictos sociales y comunitarios, denominados Calpullis de Paz, que podrán instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos. También se impulsarán jornadas itinerantes para atender disputas vecinales directamente en las colonias.
La propuesta contempla fortalecer la reparación material, económica o simbólica de los daños, establecer compromisos para evitar la repetición de las conductas y ampliar las medidas de trabajo comunitario, capacitación y atención especializada.
Brugada anunció que a partir de 2027 se contemplarán recursos para mejorar las instalaciones y fortalecer el personal de los juzgados cívicos, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para aplicar el nuevo modelo. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con 70 juzgados cívicos, informó la consejera jurídica, Eréndira Cruz Villegas.
“Queremos pasar de una justicia que castiga después a una justicia que previene antes, de una justicia que acumula expedientes a una justicia que resuelve conflictos”, expresó la mandataria.
La iniciativa será discutida por el Congreso de la Ciudad de México. El Gobierno capitalino también prevé una campaña de difusión para que la población conozca las faltas administrativas, sus alcances y los mecanismos disponibles para resolver conflictos de manera pacífica.
