El presidente Andrés Manuel López Obrador propone la eliminación de siete organismos autónomos y entes reguladores en México, como parte de la estrategia de financiamiento para su ambicioso paquete de reformas presentado el pasado lunes.
Entre los órganos afectados se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La estrategia del Gobierno busca utilizar los recursos liberados para financiar pensiones y programas sociales.
El mandatario ha justificado su propuesta argumentando que estos organismos, en su opinión, son “onerosos, facciosos y antipopulares”, proponiendo su desaparición para redirigir esos recursos hacia políticas sociales que impacten positivamente a los mexicanos; sin embargo, la oposición ha expresado preocupación, considerando la propuesta como un ataque a las instituciones que sirven como contrapesos al poder presidencial.
La lista de organismos sujetos a desaparecer también incluye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre otros. Según datos presentados en la iniciativa, el presupuesto total otorgado a estos organismos entre 2018 y 2024 equivale a más de 32.300 millones de pesos.
El presidente ha tenido conflictos previos con estos organismos, diseñados para tener independencia frente al poder en turno y contrarrestar medidas gubernamentales que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos. La propuesta de desaparición ha generado un debate político y económico con la oposición, considerándola una embestida contra la democracia.
Dentro de la estrategia del Gobierno, se destaca la creación de un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, que recibiría los recursos liberados por la desaparición de estos organismos. El presupuesto asignado a los organismos en cuestión se ha comparado con la financiación de programas sociales, destacando que el dinero ahorrado podría equivaler a más de 5 millones de pensiones bimestrales para el bienestar de personas adultas mayores.
La propuesta, que se presenta como una de las prioridades legislativas, ha generado reacciones diversas. El Partido Acción Nacional (PAN), principal fuerza opositora, la tilda de una “embestida” y “locura megalómana”. La discusión sobre cómo se utilizarán los recursos y qué sucederá con los entes reguladores, especialmente en sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones, promete ser intensa.
Este proyecto de reformas constitucionales llega en un momento crucial, a cuatro meses de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, que podría tener un impacto significativo en la agenda política y económica del país. La polarización política se intensificará, el debate sobre la utilidad de estos organismos autónomos será clave en la discusión parlamentaria y en la campaña electoral que se avecina.
López Obrador, por su parte, busca dejar un legado y sentar las bases para el próximo Gobierno, manteniendo la mirada puesta en el interés público y en la transformación del país.
