La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la desarticulación de una red criminal que operaba en el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, en la región sur del estado. Este entramado involucraba a altos funcionarios municipales, entre ellos la alcaldesa en funciones, María del Rosario “N”, y su esposo, el alcalde electo Pedro Luis “N”, alias Wicho, quienes tienen órdenes de aprehensión vigentes pero continúan prófugos.
La red fue desmantelada como parte de la Operación Enjambre, un esfuerzo conjunto de la FGJEM, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya suma 41 personas detenidas, de las cuales 32 son funcionarios y servidores públicos acusados de colaborar con La Familia Michoacana.
Nexos criminales desde el ayuntamiento
Tras una investigación exhaustiva, la fiscalía identificó que María del Rosario “N” y Pedro Luis “N” utilizaban recursos públicos y la estructura del ayuntamiento para apoyar las actividades ilícitas de La Familia Michoacana. Entre los delitos señalados están:
- Extorsión a ciudadanos mediante el uso de datos personales obtenidos de registros catastrales y padrones de programas sociales.
- Control de remesas: Imposición de cuotas sobre el dinero enviado por familiares en el extranjero.
- Protección policial: Ordenaban a elementos municipales informar sobre operativos de seguridad federales y estatales.
- Intimidación política: Secuestros y amenazas contra opositores, incluido el suegro de la candidata de Morena, Teresa Reyes Loza, quien fue obligado a abandonar la contienda electoral.
La fiscalía también documentó la presencia de hombres armados en reuniones del cabildo, utilizados para intimidar a los regidores y asegurar la aprobación de acuerdos promovidos por la alcaldesa.
Fallido operativo en la toma de protesta de Wicho
Durante la toma de protesta de Pedro Luis “N” como alcalde, un operativo intentó detenerlo, sin embargo, la intervención de policías municipales vestidos de civil y el apoyo de habitantes impidieron su captura. Según la fiscalía, la situación escaló cuando miembros de La Familia Michoacana ingresaron al Palacio Municipal para forzar la conclusión del acto oficial.
La secretaria del ayuntamiento, Violeta “N”, junto con otros regidores, fue obligada a firmar el acta de la sesión interrumpida. Al día siguiente, se designó a María Raquel “N” como presidenta municipal interina, siguiendo órdenes del grupo criminal.
Hasta ahora, 15 personas han sido detenidas por delitos que incluyen extorsión agravada, robo con violencia, cohecho, abuso de autoridad y daño a bienes públicos. Entre los detenidos se encuentran:
- Vicente Matías “N”, padre de la alcaldesa en funciones.
- Violeta “N”, secretaria del ayuntamiento.
- María Raquel “N”, regidora y presidenta interina.
- Policías municipales: Seferino “N”, Ángel “N” y Martín “N”.
La fiscalía ha señalado que aún restan 11 órdenes de aprehensión por cumplimentar, y continúa la búsqueda de los prófugos, incluidos María del Rosario “N” y Pedro Luis “N”.
Reacciones y declaraciones
La fiscal general del Estado de México, Dilcya García Espinoza, destacó que este caso representa un golpe contundente contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas: “El caso de Santo Tomás evidencia cómo las estructuras gubernamentales pueden ser utilizadas para fines delictivos. No descansaremos hasta llevar a todos los responsables ante la justicia.”
Por su parte, Teresa Reyes Loza, ex candidata de Morena, agradeció el apoyo de las autoridades, aunque lamentó las circunstancias: “La política no puede ser un campo de batalla controlado por el crimen. Espero que esto sea el inicio de un cambio para nuestro municipio.”
En contraste, desde la clandestinidad, Pedro Luis “N” difundió un video en redes sociales donde negó las acusaciones y aseguró ser víctima de persecución política: “Quieren destruirme por defender a mi gente. Las detenciones son arbitrarias y buscan desestabilizar nuestra comunidad.”
La FGJEM, en colaboración con la Guardia Nacional, continúa los operativos en Santo Tomás y municipios aledaños. Las autoridades han pedido a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las investigaciones.
Con 41 detenidos y múltiples órdenes de aprehensión pendientes, el caso de Santo Tomás de los Plátanos se perfila como uno de los más relevantes en la lucha contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.