Sepa La Bola
Claudia Bolaños
En el Instituto Nacional Electoral (INE), las tensiones internas alcanzaron un nuevo nivel durante la validación de la elección judicial. Tras prolongadas negociaciones, los once consejeros acordaron en privado respaldar la validez del proceso en la sesión pública, a cambio de anular aproximadamente 800 casillas —de más de 85 mil instaladas— por presuntas inconsistencias. No obstante, solo 32 de ellas cumplían con criterios objetivos de nulidad; el resto se incluyó para alcanzar consensos políticos, con criterios impulsados por consejeros como Claudia Zavala, Arturo Castillo, Dania Ravel, Martín Faz y Jaime Rivera.
Pese al acuerdo previo, durante la sesión del 15 de junio, donde se discutía la validez de la elección de ministras y ministros del Poder Judicial, algunos consejeros —entre ellos Zavala y Castillo— se retractaron de los criterios que habían propuesto. Esta ruptura debilitó la cohesión del órgano colegiado, sembró incertidumbre institucional y dejó a las direcciones ejecutivas la tarea de justificar anulaciones de casillas sin fundamentos claros.
El episodio no solo revela una fisura técnica, sino una negociación política interna que compromete la credibilidad de un órgano que se presume imparcial. En lugar de certidumbre, el INE ha dejado preguntas abiertas sobre su proceso de deliberación y sobre los límites de la autonomía cuando se transforma en moneda de cambio.
Y Sepa la Bola, pero la corrupción al interior de algunas agencias ciudadanas es una verdad que incomoda, un agujero negro, que ya fue reconocido como tal por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo pues volvió a culpar los gobiernos anteriores de esta situación. Hay trabajadores de aduanas coludidos en esquemas de evasión fiscal y contrabando, ligados a regímenes anteriores, justificó en su mañanera de este 19 de junio.
La declaración no es menor. No solo reconoce lo que por años fue un secreto a voces, también lanza una promesa de reforma. Inspecciones con apoyo de SEDENA y Marina ya dejaron como saldo un incremento superior a los 100 mil millones de pesos en recaudación. El mensaje es claro: se puede mejorar, pero solo si se mete mano firme.
Eso sí, aún hay más sombras que certezas. No se dijo cuántos funcionarios están implicados ni cómo se les sancionará. La presidenta promete una nueva ley aduanal para septiembre, con más controles y penas más duras. Pero sin detalles ni cifras, el riesgo es que esto quede como un anuncio más, sin seguimiento ni castigo real.
La corrupción en aduanas no se resuelve con discursos ni con soldados. Se necesita una reforma seria, vigilancia civil y transparencia total, nos dicen desde el interior de estas agencias: si la administración de Sheinbaum quiere marcar diferencia, deberá dejar de hablar de corrupción en abstracto y empezar a ponerle nombres, cifras y consecuencias.
