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Urge Movimiento Ciudadano a homologar leyes en materia de movilidad
Ante el retraso de 3 años que tiene la homologación de la Ley de Movilidad de la ciudad de México con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Bancada Naranja en el Congreso capitalino presentó una iniciativa legislativa integral tomando en cuenta aspectos como perspectiva de género, cuidados, personas con discapacidad, reducción de velocidad y exámenes obligatorios prácticos y teóricos para expedir licencias de conducir, entre otros, que derivarán en el decremento de las muertes por incidentes viales y buscará mejorar los trayectos en la CDMX.
En conferencia de prensa a las afueras del recinto legislativo de Donceles y en compañía de concejales y liderazgos de Movimiento Ciudadano a nivel local, el coordinador del grupo parlamentario, Royfid Torres González, sostuvo que la propuesta es una legislación completa y supera acciones aisladas que el gobierno de la CDMX ha propuesto, con presupuestos claros para discutir y aplicar a la movilidad no motorizada en la ciudad.
“Estamos tomando en cuenta aspectos completos de las necesidades que tienen las y los capitalinos, considerando calles seguras, sectores, grupos vulnerables y no parches como la electromovilidad, que pretende regular estos vehículos cuando no han podido ordenar a las motocicletas, un problema que dejaron crecer”, sostuvo.
La iniciativa fue presentada en tribuna por la legisladora Patricia Urriza Arellano, quien insistió que debe priorizarse la pirámide de la movilidad propuesta en la Ley General y publicada en agosto de 2022, priorizando a quienes usan transporte público y medios distintos al uso de automóvil.
“El presupuesto actualmente está enfocado a la construcción de infraestructura cochista en un 80 por ciento, dejando sólo un 20 para el resto de quienes nos movemos de otra forma, cuando está comprobado que la movilidad en esta ciudad es a la inversa”, señaló
Los principales puntos de la nueva propuesta de homologación de ley de Movilidad de la ciudad de México planteada son:
- Adiós licencias permanentes: se establecerán controles periódicos, exámenes prácticos y medidas que aseguren que quien conduce lo haga con responsabilidad.
- Uso de cascos, cinturones de seguridad y cero alcohol para conductores: se establecerán como obligaciones de ley, con vigilancia y operativos estratégicos.
- Infraestructura segura para peatones y ciclistas: creación de ciclovías protegidas, biciestacionamientos y rediseño de vialidades con enfoque peatonal.
- Transporte digno y eficiente: se impulsa la planeación con visión metropolitana para reducir tiempos de traslado, exámenes y capacitaciones a operadores de transporte público, una mejor integración de los servicios y priorizar las zonas más marginadas.
- Jerarquía de la movilidad: se establece legalmente que primero van los peatones, luego ciclistas, después transporte público y al final el vehículo privado.
La iniciativa reconoce, también, que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para moverse en la ciudad, por lo que exige que todas las políticas de movilidad incluyan perspectiva de género, enfoque de cuidados, accesibilidad y justicia social.
“Esta iniciativa es producto del diálogo con expertos, organizaciones, la academia y la ciudadanía, además del gran apoyo de la Consejo Consultivo Pensando en México, capítulo Ciudad de México, encabezado por Sofía Margarita Provencio, que en conjunto logramos articular este documento, que no es menor, sino se trata de una reforma integral con distintos enfoques”, sentenció Royfid Torres González.
Al evento también acudió la senadora Alejandra Barrales, quien indicó que moverse en la CDMX conlleva tiempo de vida importante para todas todos los capitalinos, por lo que urgió a que esta propuesta sea legislada, tomando en cuenta experiencias como en Alemania o España, lugares en los que un trayecto para llegar a los sitios de trabajo o escuelas toma entre 15 y 20 minutos.
Adicional a la presentación de la iniciativa, continúa la recolección de firmas para presentar un amparo ante el Poder Judicial, por omisión legislativa del Congreso de laCDMX, para que obligue a la armonización.