Tarifazo silencioso en Edomex con transporte público en abandono, inflación y desigualdad

La conversación sobre el aumento a la tarifa del transporte público en el Estado de México no es nueva. Pero esta vez, la presión económica, la falta de subsidios y una estructura operativa anquilosada han puesto al sistema en un punto de quiebre. Aunque aún no se ha oficializado el nuevo precio, la maquinaria política y técnica ya trabaja para justificar un inminente ajuste.

Una bomba de tiempo sobre ruedas

La actual tarifa mínima de 12 pesos, vigente desde 2021, ha dejado de ser sostenible para concesionarios que acusan aumentos en diésel, refacciones, sueldos y seguros, sin ningún tipo de compensación estatal. El escenario es crítico: más del 90 % del transporte en Edomex es privado, lo que convierte cualquier ajuste en una negociación directa entre sector empresarial y gobierno.

El aumento no será parejo… ni silencioso

Transportistas agrupados en la Canapat han propuesto llevar el precio base a 16 pesos, bajo un esquema escalonado: dos pesos este semestre y dos más antes de fin de año. Sin embargo, se trata de una cifra inviable para millones de usuarios que combinan hasta cuatro traslados diarios entre Edomex y la Ciudad de México. La ausencia de una red integrada agrava la inequidad del sistema.

¿Y los usuarios? Invisibles

Mientras se convocan mesas técnicas con académicos del IPN, UNAM y UAEM, no existe una política activa de consulta ciudadana. El transporte mexiquense sigue operando sin tarjeta de prepago, sin rutas ordenadas, y con un marco legal débil ante unidades pirata o sin seguro. La tarifa sube, pero la calidad no.

El dilema de la gobernadora

Delfina Gómez Álvarez, quien prometió no incrementar el costo del transporte sin antes mejorar las condiciones del servicio, se enfrenta a una decisión impopular. La presión de los concesionarios y la fragilidad operativa exigen respuesta. Sin embargo, un alza sin regulación paralela podría detonar nuevas protestas y alimentar la informalidad.

El Estado de México se encuentra frente a una crisis estructural de movilidad. El debate ya no gira solo en torno al precio, sino a un modelo agotado que ha marginado al usuario y beneficiado a monopolios opacos. Aumentar el pasaje sin repensar el sistema sería un golpe directo al bolsillo sin garantía de mejora. La pregunta no es si habrá aumento, sino qué tan alto será el costo político de seguir sin un plan integral.