Un total de 178 recursos de queja fueron registrados en torno al nuevo proceso de elección de juzgadores federales, desatando un complejo debate legal y político. 173 personas presentaron recursos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras ser excluidas de los listados de elegibilidad, mientras que cinco más impugnaron los acuerdos de la Mesa Directiva del Senado.
Entre los inconformes destacan casos como el de Luis Alberto Martínez Caudillo, quien presentó recursos contra los comités de evaluación de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Otros nombres incluyen a Pedro Barboza Gómez, Irma Paz Contreras Yáñez y Salvador Alberto Nassri Valverde, quienes se manifestaron contra decisiones de los comités de evaluación del Poder Judicial y Ejecutivo.
Las cifras detallan el alcance de las impugnaciones:
- 36 quejas contra el Comité de Evaluación del Poder Judicial.
- 103 impugnaciones dirigidas al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.
- 36 inconformidades hacia el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.
Los quejosos argumentan haber cumplido en tiempo y forma con su inscripción y aseguran contar con los requisitos que exige la Constitución, pero acusan que sus nombres fueron excluidos injustamente de los listados de elegibilidad.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las candidaturas rechazadas pueden impugnar las decisiones ante el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las impugnaciones deben resolverse antes de la etapa de evaluación de idoneidad, asegurando que los aspirantes puedan participar en caso de resultar fundada su queja.
La legislación también establece que el juicio electoral es el recurso procedente para proteger el derecho a ser votado. Según el caso, las competencias recaen en las Salas del TEPJF o en el pleno de la SCJN.
Este conflicto destaca la tensión en torno a los procesos de elección judicial, subrayando la importancia de garantizar transparencia, equidad y cumplimiento normativo. Mientras tanto, los recursos presentados serán clave para determinar los siguientes pasos en este proceso histórico para el sistema judicial mexicano.
