Morena y sus aliados demostraron que quieren el poder completo y sin rendir cuentas a nadie para ejercer la transformación, que según sus ideologías, es lo que a México le conviene. Aunque eso implique opacidad, conveniencias y justicia a discreción de los intereses del poder. Esas figuras que fueron inspiración de campaña política por dos sexenios, llamadas “mafias”, ahora no tendrán contrapesos, y lo sorprendente, que están sentados en curules a servicio de unos pocos.
Este momento crucial para la justicia en México, con 1,688 impugnaciones recibidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al menos 208 documentos de ‘amicus curiae’ presentados, la reforma busca transformar el sistema de elección de magistrados, jueces y ministros a un sistema de votación directa por parte del pueblo. Este movimiento ha sido descrito por algunos como un avance hacia la democracia, mientras que otros lo ven como un paso hacia un sistema autoritario reminiscente de las décadas pasadas.
La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, ha estado en el centro de las discusiones, reuniéndose con grupos empresariales que expresan su preocupación por el posible retorno a prácticas autoritarias. Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otras entidades empresariales han advertido sobre los riesgos de una sobrerrepresentación y la posible consolidación de una supermayoría que podría alterar el equilibrio de poderes en el país.
José Medina Mora, presidente de Coparmex, destacó la necesidad de que los magistrados interpreten de manera garantista la Constitución para reflejar el verdadero sentido del voto ciudadano. Del lado de las asociaciones bancarias y bursátiles, la preocupación se centra también en la preservación de un sistema de justicia que garantice la independencia y no esté sujeto a los vaivenes políticos.
En el Congreso, la reforma ha avanzado con el apoyo de partidos como Morena, PVEM y PT, pero enfrenta la resistencia férrea de la oposición, que argumenta que la reforma podría llevar al despido injustificado de miles de trabajadores del Poder Judicial y abrir la puerta a una crisis institucional. La diputada Susana Prieto, crítica de la reforma, ha expresado que la iniciativa destruiría la independencia del Poder Judicial y dejaría en vulnerabilidad a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
La propuesta incluye medidas polémicas como la introducción de “jueces sin rostro” para tratar casos de delincuencia organizada, lo que ha sido objeto de críticas tanto por su posible efectividad como por los riesgos que implica para la seguridad de los jueces involucrados. Este punto particular ha generado un intenso debate sobre la adecuación de tales medidas en un sistema que busca ser transparente y accesible para el público.
La reforma judicial en México se encuentra en un punto de inflexión. Con argumentos divididos entre la necesidad de una renovación que acerque la justicia al pueblo y las advertencias sobre los riesgos de politización y pérdida de independencia, el debate es un reflejo de una sociedad profundamente dividida sobre el camino a seguir en la construcción de sus instituciones democráticas.
A medida que el proceso continúa, será esencial que todas las voces involucradas sean escuchadas y que cualquier reforma preserve los principios de justicia, equidad y transparencia que son fundamentales para cualquier democracia. La decisión final no solo definirá la estructura del sistema judicial, sino que también será un indicativo de la dirección que el país está tomando en términos de gobernabilidad y derechos civiles.
