A dos días de conmemorarse el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el Senado de la República ha sido cercado con vallas metálicas y cadenas. La decisión fue tomada por el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, quien busca prevenir posibles actos violentos similares a los ocurridos el pasado 10 de septiembre, cuando empleados del Poder Judicial tomaron el inmueble.
Desde la noche del lunes y durante la madrugada del martes, se desplegaron medidas de seguridad alrededor del recinto legislativo ubicado en Paseo de la Reforma. Elementos de seguridad pública resguardan las inmediaciones, mientras que solo senadores y personal de enlace legislativo tienen permitido el acceso al edificio. “Con la finalidad de garantizar el desarrollo libre y seguro de las sesiones”, explicó Fernández Noroña en un comunicado publicado en el sitio web oficial del Senado.
El 10 de septiembre, empleados del Poder Judicial realizaron una toma del Senado en protesta por temas laborales, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad del recinto. Esta experiencia ha llevado a las autoridades legislativas a tomar medidas preventivas ante la proximidad de la marcha nacional en memoria de los normalistas desaparecidos, programada para el jueves 26 de septiembre.
El lunes pasado, simpatizantes del movimiento Ayotzinapa lanzaron una veintena de petardos frente a la Secretaría de Gobernación, ubicada en la misma avenida que el Senado. Este incidente aumentó la preocupación por posibles actos de violencia durante las próximas manifestaciones.
Declaraciones de Gerardo Fernández Noroña
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, justificó las medidas de seguridad como necesarias para proteger tanto el inmueble como a las personas que trabajan en él.
“No se trata de temores infundados, sino de una responsabilidad institucional para garantizar el funcionamiento adecuado del Poder Legislativo”, afirmó en una entrevista con medios locales.
Fernández Noroña enfatizó que el derecho a la manifestación es legítimo y respetado, pero subrayó la importancia de evitar que las protestas deriven en actos que pongan en riesgo la integridad de las personas y las instalaciones. “Estamos abiertos al diálogo y a escuchar las demandas, pero siempre en un marco de respeto y legalidad”, añadió.
Posición de los senadores
El senador Saúl Monreal, representante de Zacatecas, respaldó la decisión de blindar el Senado. “El presidente de la cámara tiene la obligación de resguardar la integridad de todos los senadores, empleados y del propio edificio. No es tanto por temor, sino por la responsabilidad que conlleva su cargo”, declaró.
Monreal también mencionó que las reformas que se están discutiendo en el pleno podrían generar descontento en algunos sectores. “Lo que estamos aprobando choca con ciertos intereses, y por eso es importante el resguardo”, señaló, refiriéndose a la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Desarrollo legislativo
Durante la sesión de este martes, el Pleno de la Cámara de Senadores conoció en primera lectura el dictamen de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional. Se espera que, a más tardar el miércoles 25 de septiembre, el Senado apruebe con mayoría calificada esta enmienda, la cual será posteriormente turnada a los congresos estatales para su ratificación.
La reforma ha sido objeto de debate y polémica, ya que implica un cambio significativo en la estructura de seguridad nacional. Algunos críticos argumentan que militariza aún más al país, mientras que sus defensores aseguran que fortalecerá la lucha contra el crimen organizado.
Reacciones de los manifestantes
Colectivos y organizaciones que apoyan el movimiento de Ayotzinapa han expresado su descontento con las medidas de seguridad implementadas. “El blindaje del Senado es una muestra de la falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades”, comentó María García, representante del Comité de Padres de los 43, en una rueda de prensa.
García agregó que las familias de los desaparecidos buscan respuestas y justicia, no confrontación. “Diez años después, seguimos sin saber qué pasó con nuestros hijos. Las instituciones deben estar abiertas a escuchar nuestras demandas”, enfatizó.
La Marcha Nacional programada para el jueves 26 de septiembre iniciará en el Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo de la Ciudad de México. Se espera la participación de miles de personas, entre familiares de los desaparecidos, estudiantes, activistas y ciudadanos solidarios con la causa.
Durante el recorrido, los manifestantes pasarán frente al Senado, lo que ha generado preocupación en las autoridades legislativas, pero los organizadores han asegurado que la movilización será pacífica y que su objetivo es mantener viva la exigencia de justicia y verdad.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 es uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México. A pesar de múltiples investigaciones y promesas de esclarecer los hechos, las familias aún carecen de respuestas concretas sobre el paradero de sus seres queridos.
Este aniversario es especialmente significativo, ya que marca una década de lucha incansable por la verdad y la justicia. Organizaciones internacionales de derechos humanos han reiterado su apoyo a las familias y han llamado al Estado mexicano a redoblar esfuerzos para resolver el caso.
Llamado al diálogo
Diversos actores políticos y sociales han hecho un llamado al diálogo y a la conciliación. El senador Emilio Álvarez Icaza, independiente y defensor de derechos humanos, sugirió la creación de una mesa de trabajo entre las autoridades legislativas y los representantes del movimiento Ayotzinapa.
“Es fundamental que abramos canales de comunicación. El Senado debe ser un espacio abierto a las demandas ciudadanas, especialmente en un caso tan sensible como éste”, propuso Álvarez Icaza.
La conmemoración de este aniversario no solo es un recordatorio de una tragedia nacional, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el estado de la justicia y los derechos humanos en México. La sociedad observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, esperando que prevalezca la paz y que finalmente, se avance hacia el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
