En un esfuerzo significativo por combatir la corrupción en el sector inmobiliario, el Gobierno de la Ciudad de México ha publicado la reforma al Código Penal, específicamente diseñada para enfrentar el problema persistente que afecta el desarrollo urbano y la calidad de vida de sus ciudadanos.
La reforma, promulgada el 9 de enero y publicada este 16 de abril en la Gaceta Oficial, introduce el delito de “corrupción inmobiliaria” en el Código Penal. Esta nueva figura legal busca penalizar a los servidores públicos que, por acción u omisión, permitan o toleren la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
Durante la ceremonia de promulgación, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó que la ciudad necesita un crecimiento ordenado y armónico, que respete la vocación de los barrios, el patrimonio cultural y la naturaleza. Sin embargo, señaló que la violación sistemática de las leyes urbanísticas ha llevado a problemas graves como el desplazamiento social, la gentrificación y el aumento del riesgo en protección civil.
Estos problemas son exacerbados por lo que Batres describe como “corrupción inmobiliaria”, donde permisos de construcción son otorgados de manera ilegal, beneficiando a unos pocos a expensas del bienestar general. La reforma se presenta como una respuesta a este desorden organizado y a las demandas de los ciudadanos afectados por estas prácticas.
Detalles de la Reforma
El artículo 276 Quater del Código Penal ahora estipula penas de 10 a 20 años de prisión para los funcionarios públicos encontrados culpables de corrupción inmobiliaria. Además, si se obtienen beneficios económicos de estas acciones, las penas pueden incrementarse hasta 30 años de prisión.
Esta reforma es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad y el Poder Legislativo, reflejando una política de tolerancia cero hacia la corrupción en todas sus formas. El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz Santini, resaltó la importancia de estas reformas para garantizar que el desarrollo urbano beneficie a todos los ciudadanos y no solo a unos cuantos intereses privados.
La implementación de este tipo penal es esperada con optimismo, particularmente en áreas como la Alcaldía Benito Juárez, donde se han identificado múltiples construcciones irregulares. Ejemplos notorios incluyen edificaciones que superan los niveles permitidos, como fue el caso en Adolfo Prieto 1224 y Avenida Coyoacán 1524, donde se construyeron hasta nueve niveles sin los permisos necesarios.
Estas acciones no solo violan la ley, sino que también contribuyen al aumento del costo del suelo y de la vivienda, complicando el acceso a opciones asequibles para muchos ciudadanos.
En su intervención, Ulises Lara López, Coordinador General de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, afirmó que la reforma proporciona herramientas más robustas para perseguir y penalizar este tipo de delitos, asegurando que los esfuerzos para combatir la corrupción inmobiliaria se intensificarán.
La reforma al Código Penal en materia de corrupción inmobiliaria marca un hito importante en la lucha contra las prácticas corruptas que han dañado el tejido urbano de la Ciudad de México. Con estas nuevas disposiciones legales, el gobierno de la CDMX se compromete a un desarrollo urbano que respete los derechos de todos sus habitantes y asegure un futuro más justo y sostenible para la capital.
Este nuevo capítulo en la legislación de la ciudad no solo busca castigar a los culpables sino también prevenir futuras violaciones, promoviendo un entorno de transparencia y justicia en el desarrollo urbano de la Ciudad de México.
