El debate sobre la integración de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas ha dado un giro importante en el Senado de la República, con la aprobación de una reforma constitucional que limita las acciones de esta corporación en tiempos de paz. A medida que avanza esta legislación, se han suscitado intensas discusiones sobre su impacto en la vida civil y la seguridad pública, con opiniones divididas tanto dentro como fuera del Senado.
Candados en Tiempos de Paz
Este lunes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen que busca modificar los artículos 16 y 129 de la Constitución, estableciendo un marco claro sobre los alcances de la Guardia Nacional en tiempos de paz. Esta reforma, respaldada principalmente por el partido oficialista Morena, prohíbe que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas impongan su presencia en viviendas particulares o exijan servicios de los ciudadanos durante periodos de tranquilidad.
La nueva redacción del artículo 16 es explícita al decir que “en tiempo de paz ningún miembro de la Fuerza Armada permanente —incluyendo a la Guardia Nacional— podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna”. Además, se asegura que los ciudadanos no estarán obligados a aceptar imposiciones de las Fuerzas Armadas en situaciones ordinarias, lo que refuerza la inviolabilidad de sus derechos en tiempos de paz.
Esta modificación es crucial para consolidar el carácter civil y democrático del Estado mexicano, asegurando que las operaciones de seguridad respeten los derechos humanos. El dictamen subraya que “se protege el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su domicilio, asegurando con ello que las operaciones de seguridad respeten los derechos humanos, independientemente de la fuerza armada involucrada”.
Defensa de los Derechos Civiles
El debate sobre esta reforma no ha estado exento de controversia. Durante la discusión, varios senadores de la oposición expresaron su preocupación de que, a pesar de los candados establecidos, la inclusión de la Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas representa una forma de militarización de la seguridad pública. Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, expresó: “Esta reforma es la militarización de la seguridad civil federal. No estamos de acuerdo con las soluciones que pretenden implementar con esta reforma”.
Los senadores de oposición, entre ellos Carolina Viggiano y Claudia Anaya del PRI, también manifestaron su desacuerdo con el enfoque de la reforma. Anaya lanzó una advertencia contundente: “¿Y si después nos toca un loco? ¿Quién lo va a controlar? No se gana eternamente. ¿Cuáles son los controles civiles que tenemos para salvaguardarnos? En esta minuta no están guardando ninguno”.
La preocupación principal radica en que, si bien la reforma pone candados para tiempos de paz, la integración de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas podría abrir la puerta a una mayor intervención militar en la vida civil. Este punto fue reforzado por el senador Ricardo Anaya, del PAN, quien destacó que la medida podría tener repercusiones en la democracia mexicana, al centralizar aún más el poder en las manos del Ejecutivo.
Morena defiende la Reforma
A pesar de las críticas, los legisladores de Morena defendieron la reforma con vehemencia. Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, rechazó las acusaciones de militarización, señalando que esta medida busca fortalecer la seguridad pública y asegurar que las Fuerzas Armadas actúen en consonancia con los principios constitucionales. “No es militarización; es mexicanización lo que se está dando, porque estamos generando un proyecto de institución que tiene claramente su definición, sobre todo en el artículo 21 constitucional. Está muy claro. Hay que leer, pero con patriotismo”, declaró Cantón Zetina durante el debate.
El senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y figura clave en el Senado, también se sumó a la defensa de la reforma, asegurando que el PRI finalmente respaldaría la medida en la votación plenaria. “Manuel Añorve y los priistas van a ir a votar por el sí y mañana lo vamos a ver en la sesión”, afirmó. Sin embargo, el senador Manuel Añorve, del PRI, desmintió esta afirmación y anunció públicamente que él y su partido votarían en contra de la reforma. “Nosotros no apoyamos la militarización de la seguridad pública, y votaremos en contra”, dijo Añorve, subrayando la división que este tema ha causado entre las diferentes fuerzas políticas.
Contexto de la Reforma
La Guardia Nacional fue creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como una fuerza destinada a mejorar la seguridad pública en el país, sin embargo desde su creación, ha estado sujeta a un debate constante sobre su carácter civil y su relación con las Fuerzas Armadas. Esta nueva reforma busca formalizar la integración de la Guardia Nacional dentro del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, lo que permitiría que los miembros de la corporación militar participen en tareas de seguridad pública tanto en tiempos de guerra como de paz.
A pesar de las protecciones constitucionales que se han establecido para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en tiempos de paz, las críticas persisten. Para muchos, la inclusión de la Guardia Nacional dentro de las Fuerzas Armadas es vista como un paso hacia la militarización de la seguridad pública, un tema que ha generado controversia en la política mexicana desde hace años.
El dictamen aprobado también establece que los 15 mil 158 ex policías federales que actualmente trabajan en la Guardia Nacional dejarán de ser parte de la misma y serán reasignados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta medida ha causado incertidumbre sobre las tareas que estos elementos llevarán a cabo a partir de ahora, ya que no se han especificado sus nuevas funciones dentro del esquema de seguridad nacional.
Debate de los Derechos Humanos
Uno de los puntos más sensibles de esta reforma es el impacto que podría tener en los derechos humanos de los ciudadanos. Diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Si bien la reforma establece límites claros en tiempos de paz, las operaciones militares en situaciones de emergencia o conflicto siguen siendo un tema de controversia.
El artículo 129 de la Constitución, tal como se modificará con esta reforma, establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Esta cláusula tiene como objetivo garantizar que las Fuerzas Armadas no sobrepasen sus atribuciones y se limiten a sus tareas específicas en tiempos de paz, como es la defensa de la soberanía y la seguridad nacional.
Sin embargo, los opositores a la reforma argumentan que, al integrar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, se corre el riesgo de que la frontera entre las funciones militares y civiles se vuelva más borrosa, afectando la vida diaria de los ciudadanos. Este argumento fue uno de los más recurrentes durante el debate en el Senado, con senadores como Colosio y Anaya destacando la importancia de mantener una clara división entre el poder civil y el militar.
Con la aprobación de la reforma en las comisiones del Senado, se espera que el dictamen sea llevado al pleno en los próximos días, donde se realizará la votación definitiva. A pesar de la oposición, se prevé que Morena, junto con sus aliados, logre la mayoría necesaria para aprobar la reforma, dado el control que el partido tiene en el Senado.
Sin embargo, el debate no se detendrá ahí. Si bien la reforma podría ser aprobada, las tensiones en torno a la militarización de la seguridad pública y los derechos humanos seguirán siendo un tema candente en la política mexicana. El futuro de la Guardia Nacional y su papel dentro de las Fuerzas Armadas será un punto clave en la agenda del próximo gobierno, y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto duradero en la seguridad y la democracia del país.
