En la antesala de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta el desafío de instalar casillas de votación con garantías de seguridad, pero ante el clima de violencia que existe en regiones del país, el órgano electoral decidió dar de baja 175 casillas por razones de inseguridad y conflictos políticos y sociales.
Esta medida afectará a más de 130 mil ciudadanos, quienes tendrán que buscar alternativas para ejercer su derecho al voto.
Al corte del 30 de mayo, se registró que 38% de las casillas no instaladas se deben a problemas de seguridad, mientras que el 62% restante se relaciona con conflictos sociales y agrarios. Las entidades más afectadas incluyen Michoacán y Chiapas, seguidas por Colima, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Ciudad de México.
- Chiapas: 66 casillas fueron dadas de baja recientemente. La situación en Chiapas es particularmente compleja, ya que los consejos distritales aún no han sesionado para hacer oficial esta decisión, lo que podría cambiar el número final de casillas afectadas.
- Michoacán: Es otro estado con un alto número de casillas no instaladas debido a la inseguridad y conflictos locales.
- Jalisco: Cinco casillas adicionales fueron dadas de baja por las mismas razones.
En total, estas decisiones afectan a 175 casillas en 10 estados. La situación podría evolucionar, ya que al inicio de mayo, 808 casillas fueron clasificadas en situación de riesgo y el INE continúa monitoreando y evaluando las condiciones en el terreno.
Los ciudadanos afectados por el cierre de estas casillas serán redirigidos a espacios especiales o extraordinarios, sin embargo, las casillas especiales, destinadas a ciudadanos en tránsito, tienen un número limitado de boletas (1,500), que usualmente se agotan rápidamente. La alternativa de las casillas extraordinarias, diseñadas para incidencias geográficas, aún no ha sido detallada por el INE.
Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, comentó sobre la difícil situación en las zonas afectadas, aclarando que los funcionarios del INE tienen acceso a áreas inseguras, pero que no habrá presencia de policías o militares en las casillas durante la jornada electoral. Faz también subrayó que, aunque el plan inicial contempla la baja de 175 casillas, este número podría variar dependiendo de las condiciones hasta el último momento.
Por su parte, Miguel Ángel Patiño, director de Organización del INE, informó que ya se han entregado 150 mil paquetes con boletas y otros materiales a los presidentes de casilla, lo que representa un avance del 88.10%. Según Patiño, este progreso indica que los trabajos se están desarrollando según lo planeado y que la ciudadanía está participando activamente en el proceso electoral.
La inseguridad en México ha sido una preocupación constante, afectando no solo la vida cotidiana de los ciudadanos sino también procesos esenciales como las elecciones. La violencia ligada al crimen organizado y los conflictos agrarios y sociales son factores que han obligado al INE a tomar decisiones drásticas para asegurar la integridad del proceso electoral.
El caso de Michoacán y Chiapas es especialmente crítico, donde la presencia de grupos armados y la inestabilidad social han creado un ambiente hostil para la instalación de casillas. En estos contextos, garantizar la seguridad de los votantes y del personal del INE se convierte en una prioridad, aunque signifique limitar el acceso al voto en ciertas áreas.
El INE está explorando diversas opciones para mitigar el impacto de estas bajas. La instalación de casillas extraordinarias y la redirección de votantes a casillas especiales son soluciones temporales que, aunque no perfectas, buscan asegurar que el mayor número posible de ciudadanos pueda ejercer su derecho al voto.
Además, el INE ha puesto en marcha una serie de medidas para aumentar la seguridad y garantizar la transparencia del proceso. Esto incluye la capacitación de los funcionarios de casilla y la coordinación con las autoridades locales para monitorear las zonas de riesgo.
La decisión del INE de dar de baja 175 casillas por inseguridad y conflictos políticos y sociales refleja la compleja situación que enfrenta México en términos de seguridad y gobernabilidad. Mientras el país se prepara para las elecciones, la prioridad sigue siendo garantizar un proceso seguro y transparente, aunque esto implique tomar decisiones difíciles y adaptarse a las circunstancias en constante cambio.
