El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, ha propuesto una nueva iniciativa que busca regular las plataformas de renta de inmuebles a corto plazo, como Airbnb. Esta medida, parte de un conjunto de cinco reformas que serán enviadas al Congreso capitalino, que pretende establecer límites y restricciones en el uso de inmuebles para este tipo de negocios, a fin de equilibrar el mercado inmobiliario y proteger la vivienda social.
Batres explicó que la iniciativa busca evitar que los inmuebles sean destinados en su totalidad a la renta a través de plataformas digitales, como ocurre en muchos casos con Airbnb. “El objetivo es que un inmueble no pueda ser dedicado exclusivamente a la renta digital, afectando así el acceso a la vivienda en la ciudad”, puntualizó.
Además, subrayó que una de las restricciones clave será prohibir que las viviendas construidas con inversión social pública se utilicen para fines comerciales en plataformas digitales. “Es una inversión pública para un bien social, y no debe ser utilizada para el negocio de la renta a corto plazo”, agregó.
Esta medida responde al creciente impacto que plataformas como Airbnb han tenido en el mercado inmobiliario de la CDMX. Según datos publicados en febrero de 2023, Airbnb contaba con alrededor de 20 mil espacios disponibles en la ciudad, entre habitaciones, departamentos y casas completas. Esto ha generado preocupación por el aumento de precios de renta y la reducción de oferta de vivienda disponible para los residentes.
La propuesta está siendo elaborada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y forma parte de un paquete más amplio de iniciativas legislativas. Entre las otras reformas que se presentarán se incluyen medidas como sanciones más eficaces para establecimientos que rompan sellos de clausura y una reforma a la Ley del Deporte para garantizar apoyo económico vitalicio a deportistas paralímpicos.
Además, Batres mencionó una reforma a la Constitución de la CDMX, que busca incluir principios de responsabilidad social del Estado. Por último, se propondrá una modificación a la Ley de Reconstrucción, permitiendo que los departamentos de redensificación, creados tras el sismo de 2017, puedan ser vendidos o rentados mientras se encuentran en proceso de venta, evitando así que permanezcan ociosos.
Con estas iniciativas, el gobierno capitalino espera generar un debate sobre el uso del espacio urbano y la protección de la vivienda social, al tiempo que responde a los desafíos que plantea la creciente popularidad de plataformas como Airbnb.
