En un giro inesperado del caso Ayotzinapa, este fin de semana fueron encontrados nuevos restos humanos en el basurero de Cocula, Guerrero, lugar clave en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. El hallazgo se produjo el sábado al mediodía, y las autoridades informaron al abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales la tarde del domingo. El proceso de identificación de los restos comenzó pocas horas después, a las 9 de la noche del mismo día.
Rosales, representante legal de las familias, expresó su preocupación por la premura y la falta de transparencia en el proceso. “Es la identificación de un ser humano”, subrayó, criticando que le dieron solo dos horas para avisar a los padres y convocar al Grupo de Expertos en Antropología Forense de Argentina (EAAF), quienes apoyan la identificación de los restos. Según Rosales, si los forenses argentinos no llegaban a tiempo, las pruebas se llevarían a cabo de todos modos, lo que pone en duda la rigurosidad del proceso.
Este descubrimiento ocurre en un momento clave, ya que está cerca de cumplirse una década de la trágica desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. A lo largo de estos años, la búsqueda de la verdad ha sido tortuosa y cargada de controversias y este nuevo hallazgo no ha sido la excepción.
Según la información proporcionada, los restos fueron localizados tras la declaración de un testigo que indicó el lugar exacto en el basurero de Cocula. Rosales teme que el proceso de identificación esté siendo manipulado, ya que no se están siguiendo los protocolos adecuados para garantizar la fiabilidad de las pruebas. “Todo parece indicar que será un proceso turbio”, afirmó el abogado.
Además Rosales expresó su inquietud sobre las recientes detenciones de “El Cabo Gil” y “El Cepillo”, dos individuos clave en la investigación. “Nuestro temor es que quieran presionar a El Gil para que se retracte de sus declaraciones contra el Ejército”, señaló Rosales. El Gil, en sus testimonios previos, implicó a diversas autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros del Ejército.
El abogado lamentó que la investigación se haya frenado justo cuando surgieron indicios de la posible participación del Ejército en la desaparición de los normalistas. “El mejor momento de la investigación fue en 2022”, dijo, refiriéndose a los avances logrados por Alejandro Encinas y Omar Gómez, quienes lideraban la indagación, pero tras la aparición de las pruebas que involucraban al Ejército, la investigación se estancó.
Finalmente, Rosales criticó las reuniones con el Presidente, describiéndolas como “ríspidas” y destacando que “siempre defendió al Ejército”, sin abordar los temas críticos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
