El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, ha anunciado que solicitará resultados de las investigaciones relacionadas con el zafarrancho ocurrido en la Alcaldía Xochimilco, donde manifestantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco fueron agredidos por un grupo no identificado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya están a cargo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El conflicto, que involucra a ejidatarios y comuneros de San Gregorio Atlapulco, comenzó cuando estos llegaron a la explanada de la Alcaldía Xochimilco para exigir la liberación de la activista Hortensia Telésforo Jiménez, quien fue detenida bajo cargos de despojo. A esta demanda se sumaron integrantes de la comunidad otomí. Durante las manifestaciones, el Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno de la Alcaldía intentó dialogar con los inconformes, pero fue agredido por algunos de ellos.
Poco después, un grupo de 30 personas, cuya identidad aún se desconoce, se unió a la confrontación y agredió a los manifestantes. Como resultado de los disturbios, cinco personas fueron detenidas, entre ellas dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados al Ministerio Público número 3 en la Alcaldía Tlalpan.
El conflicto escaló cuando alrededor de 40 manifestantes llegaron a las instalaciones del Ministerio Público, donde causaron destrozos en el interior del inmueble. Elementos de la SSC intervinieron para proteger tanto a las personas presentes como las instalaciones, lo que derivó en la detención de otras nueve personas.
En respuesta a estos hechos, la Secretaría de Gobierno de la CDMX ha pedido que la Fiscalía investigue y finque responsabilidades a los agresores, y que la SSC indague si hubo abuso de autoridad por parte de la Policía Auxiliar asignada a la Alcaldía.
Después de horas de diálogo entre autoridades y manifestantes, se acordó la liberación de todos los detenidos, quienes salieron del Ministerio Público a las 23:40 horas del mismo jueves.
El Gobierno de la Ciudad de México ha condenado el uso de la violencia, “venga de donde venga”, y ha reafirmado su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos.
