Tras más de 17 horas de sesión, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados lograron aprobar en lo general y particular la Reforma Judicial, con 359 votos a favor y 135 en contra. La reforma ahora se dirige al Senado para su revisión final.
El objetivo de la reforma judicial es transformar el sistema de justicia en México con medidas que, según el oficialismo, permitirán una mayor democratización y transparencia. Entre los puntos más destacados del dictamen se incluyen:
1. Elección popular de jueces, magistrados y ministros: El INE se encargará de organizar elecciones para que la ciudadanía pueda elegir a estos funcionarios, un cambio radical en la forma de designación actual, que ha generado controversia por su posible impacto en la independencia del Poder Judicial.
2. Reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Se plantea disminuir de 11 a 9 los ministros, quienes además verán su periodo de encargo reducido de 15 a 12 años.
3. Plazo máximo de seis meses para dictar sentencias: Se establece que las autoridades judiciales tendrán un máximo de seis meses para emitir resoluciones, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.
4. Tribunal de Disciplina Judicial: La reforma propone la creación de un nuevo órgano encargado de investigar y sancionar a los servidores públicos que incumplan con la ley, eliminando el actual Consejo de la Judicatura Federal.
La votación en la Cámara de Diputados
La votación fue precedida por un largo debate, marcado por protestas dentro y fuera del recinto legislativo. La sesión, que originalmente estaba programada para llevarse a cabo en San Lázaro, se trasladó a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca debido a los bloqueos organizados por trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho, quienes manifestaron su rechazo a la reforma.
Durante el debate, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma como una respuesta al mandato popular que la coalición de la Cuarta Transformación recibió en las elecciones de junio. Monreal destacó que “el pueblo pidió cambios profundos en el sistema de justicia” y que esta reforma cumple con esa promesa. Asimismo, negó que la reforma afecte a la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial, asegurando que solo el 3.3% de ellos serían impactados por las modificaciones.
“Hemos contribuido en esta primera etapa en el anhelo de la mayoría. Con orgullo, quienes votaron por nosotros no los traicionamos. Cumplimos con la patria, con el México que reclama justicia”, afirmó Monreal.
Por otro lado, la oposición, encabezada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “superficial y caprichosa”, argumentando que es el resultado de una “venganza” del presidente López Obrador contra un Poder Judicial que ha mantenido su independencia.
Germán Martínez Cázares, diputado del PAN, fue uno de los más críticos. Acusó al oficialismo de querer someter al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo y advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la influencia del crimen organizado en la justicia.
“No se vale una condena a todo el Poder Judicial. No es cierto que todos los jueces son corruptos”, expresó Martínez. “Aquí el único que ha soltado a un criminal confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, se llama Andrés Manuel López Obrador”.
Protestas y bloqueos: resistencia del Poder Judicial
Mientras el debate se desarrollaba en la Cámara de Diputados, las calles de la Ciudad de México se llenaron de manifestantes. Trabajadores del Poder Judicial y estudiantes bloquearon los accesos a San Lázaro, lo que obligó a las autoridades a trasladar la sesión a una sede alterna. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores judiciales, aseguró que la protesta continuará hasta que se abra un diálogo real con los legisladores.
“Estamos aquí para defender nuestros derechos y la independencia del Poder Judicial. No vamos a permitir que esta reforma pase sin ser escuchados”, afirmó Aguayo.
Impacto económico y diplomático
El avance de la reforma judicial no solo ha generado tensiones políticas y sociales, sino que también ha tenido repercusiones económicas. El peso mexicano ha experimentado una depreciación significativa en las últimas semanas, y varias empresas estadounidenses han decidido congelar sus inversiones en México hasta que se resuelva la incertidumbre en torno a la reforma.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su preocupación por los posibles efectos de la reforma en la relación comercial entre ambos países. En una declaración reciente, Salazar advirtió que los cambios podrían “amenazar la confianza de los inversores en el marco legal de México”, lo que afectaría las inversiones a largo plazo.
El futuro de la reforma en el Senado
A pesar de las suspensiones y las críticas, la reforma judicial sigue avanzando en el Congreso. Con su aprobación en la Cámara de Diputados, el siguiente paso será su revisión en el Senado de la República, donde Morena y sus aliados también tienen una mayoría significativa. Sin embargo, es probable que los amparos interpuestos por los jueces y las crecientes protestas en las calles sigan siendo un desafío importante para el oficialismo.
El futuro de la reforma judicial está lejos de estar definido. Mientras los legisladores avanzan en su aprobación, la resistencia dentro y fuera del Poder Judicial continúa, planteando preguntas sobre el equilibrio entre la democratización de la justicia y la preservación de su independencia.
