Así es mis queridos lectores, como lo dice el titulo de nuestra nota, imagínate que uno de los boxeadores más mediáticos de México, el mismísimo Julio César Chávez Jr., se ve envuelto en una trama de inmigración irregular y presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa. La escena se sitúa en un tranquilo barrio de Studio City, Los Ángeles, donde hace apenas unos días agentes de ICE llamaron a su puerta para notificarle que sería detenido y deportado. ¿La razón? Su visa vencida y acusaciones de “amenaza a la seguridad pública” por sus nexos familiares con “Los Chapitos”.
Chávez Jr., de 39 años, lleva varias temporadas alternando su residencia entre Culiacán y el sur de California. Allí celebró su última gran pelea contra Jake Paul en Anaheim, una velada que, lejos de ser un nocaut mas para sumar a su carrera, terminó marcando el comienzo de un nuevo capítulo legal y mediático. De regreso al hotel tras la derrota, descubrió que su visa B2 expiró en febrero de 2024 y que, además, tenía una orden de arresto vigente en México desde 2023 por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.
El origen de todo se remonta a 2018, cuando Chávez Jr. contrajo matrimonio con Frida Muñoz Román, ciudadana estadounidense y licenciada en Administración. Frida no era una desconocida: antes había estado casada con Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y juntos tuvieron a Frida Sofía en 2006. Tras el asesinato de Édgar en 2008, Frida y su hija se mudaron a Los Ángeles, donde Julio César Jr. comenzó a criarla como su propia hija. Más tarde, la pareja expandió la familia con Julia y Julio César III.
Ese parentesco convirtió a Ovidio Guzmán López, hermano de Édgar y “El Ratón” de los Chapitos, en “tío de mi hija”, según palabras textuales de Chávez Jr. en 2022. Y aunque él siempre defendió que su relación con la familia Guzmán se limitaba a ese lazo afectivo, las autoridades estadounidenses y la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana decidieron indagar más a fondo. Entre 2015 y 2018, la UIF congeló cuentas de Frida Muñoz y su hija al sospechar transferencias vinculadas al narcotráfico.
En la mañanera del pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que desconocía la orden de aprehensión mexicana hasta que se divulgó la detención en EE. UU. Explicó que la investigación comenzó en 2019 y que un juez dictó la orden en 2023, pero que no pudo cumplirse porque el boxeador residía fuera del país. Ahora, México alista los trámites para recibirlo y que enfrente los cargos de tráfico de armas y delincuencia organizada.
Mientras tanto, en redes y medios deportivos no faltaron quienes salieron a defender a la figura del “Junior”. El comentarista David Faitelson aseguró que “no es un delincuente” y que sus problemas judiciales no deberían opacar una carrera que, en su opinión, estuvo marcada por oportunidades desaprovechadas más que por conductas criminales. Incluso Jake Paul, su último rival en el ring, mantuvo un perfil bajo y se limitó a desearle “suerte” en lo que viene.
Para Chávez Jr., este episodio representa un choque brutal entre dos mundos: el noble esfuerzo sobre el cuadrilátero y los oscuros tentáculos del crimen organizado. Su caso recuerda que, en México, la fama y los vínculos familiares pueden llevar al más grande de los campeones a cruzar la línea de la ley. Sus hijos, la hija adoptiva Frida Sofía y sus propios retoños, quedan ahora atrapados en medio de audiencias, trámites migratorios y acusaciones que podrían prolongarse meses.
El desenlace aún está por escribirse. Todo apunta a que pronto veremos a Chávez Jr. pisar territorio nacional bajo custodia para responder ante la justicia mexicana. Ahí, frente a un juez, deberá demostrar que su relación con los Guzmán fue solo un lazo familiar y no una puerta al narcotráfico. Hasta entonces, su historia continuará siendo un ring donde cada golpe retumba más allá de las cuerdas del ring y se convierte en noticia de talla internacional.
