En el marco de la discusión del presupuesto 2025, las alcaldesas de Venustiano Carranza y Xochimilco, junto con la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), presentaron ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sus solicitudes para incrementar los recursos destinados a sus respectivas áreas.
La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, destacó la necesidad de un presupuesto de 3 mil 759 millones de pesos, lo que representa un aumento de 600 millones respecto a 2024. Este incremento permitirá fortalecer programas sociales y de seguridad, además de atender proyectos clave como:
- Mantenimiento de mercados públicos.
- Construcción de la clínica contra el sobrepeso y obesidad.
- Colocación de paneles solares.
- Recuperación del Parque Periodistas Ilustres.
- Continuación del programa Bachetón para atender el problema de baches.
Parra subrayó la colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y el Ejército para mantener la seguridad en su demarcación. Asimismo, resaltó la importancia de trabajar de cerca con la ciudadanía mediante recorridos y mesas de trabajo, poniendo especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres.
Por su parte, Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, solicitó un incremento del 19% en su presupuesto, para alcanzar 2 mil 869 millones de pesos en 2025. En su intervención, recordó la reciente inundación que golpeó la demarcación, obligando a gastar 10.8 millones de pesos del seguro del Gobierno de la Ciudad.
Entre sus prioridades para el próximo año mencionó:
- Construcción del primer hospital en Xochimilco.
- Refuerzo del modelo de seguridad barrial.
- Atención a asentamientos irregulares.
- Implementación de estrategias para garantizar el acceso al agua.
- Conservación del medio ambiente.
Finalmente, Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del TJA, pidió 688 millones de pesos, señalando que desde hace años la institución no ha recibido un incremento presupuestal. Parte de estos recursos serían destinados a la rehabilitación del edificio Ignacio Zaragoza, con un costo de 50 millones de pesos, necesario para evitar riesgos operativos y laborales.
La discusión del presupuesto continuará en el Congreso local, donde se definirán los recursos que serán asignados a cada dependencia y demarcación. Las solicitudes de las ediles reflejan la urgencia de fortalecer la seguridad y los servicios básicos en beneficio de la ciudadanía.
