La reforma judicial propuesta por López Obrador y respaldada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha sido motivo de intensos debates. La medida más controvertida es la que busca que los más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos mediante voto popular. Esta propuesta ha levantado preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y su posible politización.
El diputado electo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja, aseguró que la reforma será discutida y votada en la primera semana de septiembre. Esta declaración ha incrementado la sensación de urgencia en torno a la reforma, generando suspicacias sobre las verdaderas motivaciones detrás de este apresuramiento.
La preocupación no se limita al ámbito doméstico. La embajada de Estados Unidos en México ha expresado inquietudes sobre el impacto que esta reforma podría tener en las inversiones y la estabilidad económica del país. En una declaración reciente, la embajada señaló que, aunque apoya el concepto de reforma judicial en México, le preocupa que la elección popular de jueces no aborde de manera efectiva la corrupción judicial ni fortalezca el Poder Judicial.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense ha mantenido una postura de respeto hacia la soberanía mexicana, aunque también ha expresado su preocupación por las posibles implicaciones de esta reforma.
En México, la oposición política ha cerrado filas en contra de la reforma. Los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han reafirmado su negativa a apoyar la modificación constitucional, argumentando que esta no solo pone en riesgo la independencia judicial, sino que podría consolidar un control excesivo del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial. Amalia García, senadora de Movimiento Ciudadano, y Manlio Fabio Beltrones, del PRI, han dejado en claro que no respaldarán la reforma, sumando su voz al coro de críticas que denuncian un intento de centralizar el poder.
El impacto económico de la reforma también ha sido un tema central en el debate. Los mercados financieros han reaccionado con incertidumbre ante la posibilidad de que la reforma sea aprobada, lo que ha provocado una depreciación del peso mexicano. Los inversionistas temen que la politización del sistema judicial podría llevar a un entorno menos predecible y más riesgoso para las inversiones extranjeras, afectando directamente la economía del país.
La prisa por aprobar la reforma también ha llevado a una pausa en las relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y Canadá, dos de sus principales socios comerciales en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). López Obrador ha justificado esta medida como una forma de preservar la soberanía de México frente a lo que considera intromisiones extranjeras en asuntos internos.
¿Por qué la prisa?
Existen varias teorías sobre las razones detrás de la urgencia en aprobar la reforma judicial. Una de las explicaciones más comunes es que López Obrador busca consolidar su legado antes de dejar el cargo. La reforma judicial sería un pilar fundamental de su visión de una “Cuarta Transformación” que busca redefinir el sistema político y judicial del país.
Otra explicación, más preocupante para muchos, es que la reforma es un intento de controlar el Poder Judicial y asegurar que el nuevo gobierno, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, no enfrente obstáculos legales significativos durante su administración. Esto, combinado con la supermayoría que Morena y sus aliados tienen en ambas cámaras del Congreso, facilitaría la aprobación de la reforma sin necesidad de un consenso amplio.
Además, hay quienes argumentan que la prisa podría estar relacionada con la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Algunos analistas sugieren que la reforma judicial podría ser un movimiento estratégico para garantizar un control más estrecho del sistema judicial en casos de alto perfil relacionados con el narcotráfico.
Consecuencias Potenciales
Si la reforma es aprobada, podría tener consecuencias profundas y duraderas para el sistema judicial mexicano. La elección de jueces mediante voto popular podría llevar a un sistema en el que los jueces estén más preocupados por ganar popularidad que por aplicar la ley de manera justa e imparcial. Esto podría erosionar la confianza pública en el sistema judicial y aumentar la percepción de que las decisiones judiciales están influenciadas por consideraciones políticas.
La prisa por aprobar la reforma judicial plantea serias preguntas sobre la dirección en la que se encamina México. Mientras que los defensores de la reforma argumentan que es necesaria para combatir la corrupción y democratizar el sistema judicial, los críticos temen que pueda socavar la independencia judicial y consolidar un poder excesivo en manos del Ejecutivo.
