Valle de Santiago, Guanajuato, septiembre de 2025 – El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (Comité CED) emitió una comunicación de Acción Urgente al Estado mexicano, bajo el número 2121/2025, requiriéndole tomar acciones inmediatas para buscar, localizar e informar sobre el paradero de José Juan Arias Solís, de 14 años de edad.
La desaparición ocurrió el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago, Guanajuato. Ese día, el padre del adolescente observó a tres personas con uniforme militar que lo detuvieron, golpearon y se lo llevaron por la fuerza, en el marco de un operativo en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato habría solicitado resguardo a las fuerzas castrenses. La participación de agentes del Estado fue corroborada por testimonios presentados ante sede judicial.
En el operativo participaron al menos 20 agentes de las Fuerzas Armadas a bordo de vehículos oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional. Se ha identificado a los mandos que coordinaron la movilización, así como a los agentes ministeriales que acudieron al domicilio. Sin embargo, al día de hoy no se conoce del paradero del adolescente a pesar de los esfuerzos de la familia y el seguimiento puntual de la Jueza Novena de Distrito en Irapuato, por medio del amparo 762/2025, interpuesto por la familia.
Este grave hecho se enmarca en la profunda crisis de desapariciones que vive el país, con más de 131,000 personas sin localizar, de las cuales más de 18 mil son niñas, niños y adolescentes; así como el contexto de alta criminalidad del estado de Guanajuato, en el que durante todo el 2024 se reportaron 683 personas y en los primeros 8 meses de este año ya se ha alcanzado más de 500 registros de personas desaparecidas.
A partir de la información remitida por la familia, el Comité CED ha transmitido al Estado mexicano una serie de acciones concretas que debe de implementar. Entre ellas destacan:
– Iniciar inmediatamente la búsqueda y la investigación exhaustiva e imparcial de la desaparición, destacando que la CNB ha omitido llevar a cabo medidas esenciales de búsqueda y las requeridas por la familia. La estrategia debe tener un enfoque diferencial por tratarse de un adolescente.
– Asegurar que se exploren todas las hipótesis, incluyendo la de una desaparición forzada debido al involucramiento de agentes de la Guardia Nacional y el Ejército.
– Identificar, localizar y entrevistar a cada uno de los agentes de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo, a los agentes de la fiscalía involucrados y a los mandos militares que ordenaron la movilización y garantizar que se entregue toda la información pendiente en particular los registros de videovigilancia que las instituciones no han remitido.
– Analizar y resguardar la información de redes telefónicas con el objetivo de identificar potenciales localizaciones, registros de llamadas tanto de la víctima como de los funcionarios públicos identificados en el operativo.
– Adoptar de inmediato medidas cautelares para preservar la vida e integridad de los padres de José Juan, quienes han enfrentado actos de intimidación y amenazas directas para que detengan las acciones de búsqueda.
– Implementar mecanismos claros para que la familia y sus representantes participen en los procesos de búsqueda e investigación y sean informados periódicamente sobre los avances y resultados.
Además, este caso no puede ser visto de forma aislada. Ocurre en un contexto de profundización de la militarización de la seguridad pública, ratificada con la reciente adscripción formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Estas reformas han consolidado un modelo de seguridad sin contrapesos civiles efectivos, y de amplio despliegue del poder militar, lo que genera un entorno de alto riesgo para los derechos humanos.
La emisión de estas acciones urgentes llega a unas semanas de que el Comité CED revise la situación de desapariciones en México y determine si las mismas se cometen de manera generalizada o sistemática, conforme a su facultad prevista en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre la materia.
El Estado mexicano tiene hasta el 23 de septiembre de 2025 para informar al Comité sobre las medidas concretas adoptadas para cumplir con las recomendaciones en el caso del niño José Juan.
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