Foto: Consejo de la Judicatura
Con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de personas con discapacidades psicosociales o intelectuales, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México se apega a protocolos como respuesta a los cambios generados en los últimos años.
Esto ha generado en el entendimiento y garantía de la protección de los derechos de ese sector poblacional, aseguró el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien encabeza este Poder Judicial de la Ciudad de México y que ha llamado a aplicar dichos principios de manera que los impartidores de justicia cuenten con los elementos necesarios para dar una adecuada atención a los integrantes de ese sector de la población, a fin de generar espacios seguros y libres de discriminación.
Aprobado y emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el documento actualiza el Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad que data de 2019, como respuesta institucional a los cambios que en los últimos años se han generado en el entendimiento y garantía de la protección de los derechos de las personas que enfrentan una discapacidad psicosocial o intelectual.
“Reconocemos que el Poder Judicial de esta ciudad debe superar obstáculos de acceso, comunicación y entendimiento; por ello, es precisó entender que la lucha contra la discriminación se ganará si se abren los cauces de la justicia en condiciones de igualdad”, afirma el magistrado Guerra Álvarez en el prólogo del protocolo.
De los aspectos más novedosos que se incluyen en el protocolo, está la inconstitucionalidad de la figura de la interdicción, así como el cambio de paradigma en materia de derechos de personas con discapacidad previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Además, el documento enuncia las bases de las figuras denominadas “ajustes razonables” y “ajustes al procedimiento”, en aras de coadyuvar en la construcción de una sociedad inclusiva, donde las personas con discapacidad psicosocial o intelectual sean verdaderas titulares de derechos y contribuyentes activos de la vida social, económica y política.
“Es necesario puntualizar que la actualización del protocolo no se direcciona a aspectos procesales o procedimentales ni de accesibilidad al espacio físico, sino que su enfoque se orienta a la posibles barreras derivadas de la labor judicial cotidiana que realizan las personas servidoras públicas, especialmente las que imparten justicia…”, precisa el protocolo.
Dentro de los objetivos señalados en el protocolo, se puntualiza que se contribuirá a que las y los juzgadores, además de actuar con independencia, imparcialidad, autonomía y respeto, cuenten con mejores herramientas para juzgar con perspectiva de derechos humanos, sin menoscabo de que atiendan las recomendaciones y buenas prácticas referidas en instrumentos internacionales, nacionales y locales en la materia, y siempre “respetando y validando los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual”.
