El panorama político en Corea del Sur atraviesa uno de sus momentos más críticos tras el intento de suicidio del exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, quien está detenido por su presunta participación en la imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Según las autoridades penitenciarias, los agentes lograron intervenir un tiempo y Kim se encuentra en condición estable.
¿Qué llevó a esta crisis?
Kim Yong Hyun, uno de los aliados más cercanos del presidente Yoon Suk Yeol, está señalado de recomendar la imposición de la ley marcial y el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional para impedir una votación que anulaba el controvertido decreto. La ley marcial, que fue anulada seis horas después de ser promulgada, ha generado una tormenta política que amenaza la continuidad del gobierno de Yoon.
El exministro enfrenta acusaciones de abuso de poder y rebelión, delitos que podrían acarrear la pena de muerte en Corea del Sur. En un comunicado desde prisión, Kim asumió la responsabilidad total por sus actos y pidió indulgencia para los soldados implicados, asegurando que solo seguían órdenes.
Decreto que sacudió a Corea del Sur
La imposición de la ley marcial por parte del gobierno de Yoon fue duramente criticada por la oposición, liderada por el Partido Demócrata, que calificó el decreto como inconstitucional. Según la Constitución surcoreana, la ley marcial solo puede aplicarse en situaciones de guerra o emergencias nacionales graves. Legisladores opositores han denunciado que la medida fue un intento de suprimir al parlamento, controlado por el bloque liberal.
El sábado pasado, Yoon evitó ser sometido a juicio político gracias a un boicot legislativo de su partido, pero la oposición ha prometido presentar una nueva moción esta semana para continuar con el proceso.
Impactos internos e internacionales
La crisis ha paralizado la política interna, afectando la política exterior y generado incertidumbre en los mercados financieros surcoreanos. Mientras tanto, Corea del Norte ha aprovechado la situación para criticar al presidente Yoon, calificándolo de “traidor” en un comunicado emitido por su agencia estatal de noticias.
El Ministerio de Justicia ha prohibido a Yoon y a otros altos funcionarios salir del país mientras avanzan las investigaciones. Si el presidente es acusado formalmente, sus poderes quedarían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional determine su futuro. De ser destituido, Corea del Sur tendría que convocar nuevas elecciones presidenciales.
Esta crisis no solo pone en juego la estabilidad política de Corea del Sur, sino que también marca un momento crucial para el liderazgo de Yoon Suk Yeol, quien ha enfrentado críticas constantes desde que asumió el cargo en 2022.
