La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el centro de una de las discusiones más relevantes en el país: la Reforma Judicial. Este martes, en el contexto de la conferencia “contramañanera”, la magistrada Edna Lorena Hernández Granados y otros integrantes del Poder Judicial defendieron la labor de la SCJN y su papel en la protección de los derechos ciudadanos, rechazando que sus acciones generen una crisis en el país.
La magistrada Hernández Granados respondió a recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “ocho ministros están en contra del pueblo” por su oposición a la Reforma Judicial. Hernández subrayó que esta postura es errónea y enfatizó que los ministros están defendiendo los derechos básicos de la ciudadanía.
“No, no son ocho ministros contra el pueblo, son ocho ministros defendiendo al pueblo contra actos legislativos que amenazan con privarlo de derechos esenciales,” sostuvo Hernández Granados. Enfatizó la importancia de que las personas sean juzgadas por jueces con experiencia y una trayectoria judicial sólida, elementos que la Reforma Judicial podría poner en riesgo.
La Reforma Judicial, impulsada como una medida de transformación del sistema de justicia, ha sido objeto de controversia desde su aprobación en el Congreso. Entre los cambios propuestos, se incluye la posibilidad de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular, así como la reducción de remuneraciones para los actuales jueces y magistrados de Distrito. Sin embargo, los críticos de la reforma señalan que estas modificaciones podrían socavar la independencia judicial y comprometer la calidad de la administración de justicia.
En una reciente sesión, la mayoría de los ministros de la SCJN, incluyendo a Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del tribunal, decidieron no desechar un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que propone declarar inconstitucionales diversos puntos de la Reforma Judicial. La ministra Piña Hernández afirmó que los integrantes del Poder Judicial han demostrado entereza y profesionalismo, pese a enfrentar amenazas y calumnias, y subrayó el compromiso de la SCJN de garantizar un sistema de justicia independiente.
“En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas, ustedes han demostrado un profesionalismo ejemplar, manteniendo intacta la integridad del Poder Judicial,” expresó Piña durante una ceremonia de reconocimiento a funcionarios judiciales.
Crisis constitucional y desacato a suspensiones
Durante la conferencia, la magistrada Julia María del Carmen García González señaló que el país enfrenta una crisis constitucional, derivada del incumplimiento de órdenes judiciales por parte de ciertas autoridades. La magistrada se refirió específicamente a las suspensiones emitidas por jueces en contra de la Reforma Judicial y criticó la falta de acatamiento de estas decisiones, lo cual ha encendido “focos rojos” en la comunidad judicial.
“Es preocupante que quienes ocupan cargos públicos no respeten el orden jurídico al no acatar las suspensiones. Esta situación es una amenaza para el Estado de derecho,” afirmó García González, enfatizando que la obligación de obedecer las resoluciones judiciales ha sido una norma constante en el sistema.
La magistrada subrayó que estas suspensiones son medidas comunes que aseguran que las reformas sean plenamente revisadas antes de su implementación, y advirtió que el desobedecerlas podría agravar la crisis institucional.
Debate por el presupuesto del proceso electoral extraordinario
La Reforma Judicial también incluye la realización de un proceso electoral extraordinario en 2025 para elegir a jueces y magistrados, lo que ha generado polémica debido a los recursos necesarios para llevarlo a cabo. La magistrada García González cuestionó el monto de 13 mil millones de pesos presupuestado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para este proceso, sugiriendo que estos fondos podrían destinarse a áreas prioritarias como salud y educación.
El monto asignado al proceso electoral es otro aspecto que ha generado críticas, ya que algunos consideran que el gasto es innecesario y que otros sectores de la sociedad requieren más apoyo. En este contexto, la magistrada García González opinó que la organización de elecciones para el Poder Judicial no debería implicar una inversión tan elevada, especialmente en un país con tantas necesidades sociales.
