22 noviembre, 2024

 

La reciente decisión judicial ha puesto en pausa la implementación de la Reforma Judicial en México. La jueza Nancy Juárez Salas, del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ha ordenado retirar la publicación del dictamen de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta medida, de carácter indefinido, surge en respuesta a una serie de irregularidades detectadas en el proceso legislativo.

 

El fallo, emitido el pasado 15 de septiembre de 2024, afecta tanto al Presidente de México como al director del DOF, quienes deberán eliminar la publicación realizada. De acuerdo con la jueza, uno de los principales problemas fue que la iniciativa no fue discutida ni aprobada en el plazo estipulado de 30 días naturales, como lo exige el artículo 136 de la Ley Orgánica del Congreso.

 

La jueza Juárez Salas explicó que la reforma no fue presentada como una iniciativa de trámite preferente, lo que ocasionó que se venciera el tiempo permitido para su discusión y votación en la Cámara de origen. Este hecho, según la jueza, caduca el proceso legislativo, lo que invalida la aprobación del dictamen y justifica su retirada del DOF.

 

El dictamen, que incluía modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido centro de debate desde su aprobación, sin embargo los argumentos presentados por quienes se oponen a la reforma señalan violaciones al procedimiento legislativo, siendo esta la base legal que permitió a la jueza emitir la suspensión definitiva.

 

 

En su fallo, Juárez Salas determinó que las irregularidades en el proceso legislativo eran suficientes para detener la reforma. “El proceso está viciado y, por tanto, no puede seguir adelante en su forma actual”, afirmó la jueza en su resolución.

 

Ahora, con esta decisión, se abre un nuevo capítulo en el debate sobre la Reforma Judicial, pues su implementación queda en suspenso hasta que se resuelvan las impugnaciones presentadas. La suspensión tiene efectos restitutorios, lo que significa que las autoridades responsables deberán actuar para revertir la publicación en el DOF y el avance de la reforma en los términos aprobados.