El Gobierno de la Ciudad de México ha propuesto una reforma a la Ley de Justicia Cívica para combatir la creciente problemática de las chelerías, aquellos puntos de venta irregulares de bebidas alcohólicas que proliferan en mercados, viviendas y la vía pública. La iniciativa enviada al Congreso local busca que la venta de alcohol en estos espacios se considere una infracción contra la seguridad ciudadana, lo que implicaría sanciones más severas para quienes infrinjan la norma.
La propuesta del Ejecutivo local, que adicionaría una fracción 5 Bis al Artículo 28 de la ley, tiene como objetivo principal reducir los efectos negativos que generan estos comercios irregulares. Según el documento, la proliferación de las chelerías ha incentivado el consumo de alcohol entre jóvenes y menores de edad, además de fomentar el mercado negro y el contrabando de alcohol adulterado, lo cual representa un grave riesgo para la salud de los consumidores.
Las autoridades consideran que estas actividades ilegales atentan contra la sociedad al generar externalidades negativas como la perturbación del orden público, el incremento de accidentes de tránsito y la violencia asociada al consumo desmedido de alcohol. La venta de alcohol sin permisos, señala el Gobierno, también impacta la calidad de vida de las personas al no cumplir con las normas fiscales y sanitarias, lo que afecta tanto a los ciudadanos como a las arcas del Estado.
Una de las preocupaciones clave es que la falta de regulación facilita el acceso de menores de edad a bebidas alcohólicas, vulnerando su integridad y exponiéndolos a riesgos físicos y emocionales. Además, los lugares donde se vende alcohol sin control se convierten en focos de altercaciones y desorden, debido a la ausencia de medidas de seguridad y protección civil.
Las sanciones propuestas para las chelerías incluyen multas de hasta 30 UMAS, equivalentes a 3,257 pesos, y arrestos de hasta 36 horas. Estas medidas buscan no solo castigar a quienes infrinjan la ley, sino también disuadir la venta ilegal de alcohol y dotar a las autoridades de herramientas jurídicas para combatir estas prácticas. El control adecuado de estas actividades es crucial para garantizar la seguridad ciudadana, la salud pública y el orden en la vía pública.
La reforma también establece excepciones para la venta de bebidas alcohólicas en ferias, romerías y festividades, donde esta práctica está permitida bajo ciertos controles. Sin embargo, el Gobierno ha reconocido que las acciones previas, como multas y operativos, no han sido suficientes para erradicar el problema, por lo que es necesario un marco legal más robusto.
