El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido poner fin al paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se había extendido durante un mes en protesta contra la reforma judicial recientemente aprobada. En una votación dividida, con cinco votos a favor y dos en contra, el CJF acordó que los juzgados de distrito y tribunales de circuito reanuden sus actividades el próximo lunes. Esta decisión marca el cierre de uno de los momentos más tensos dentro del sistema judicial en los últimos años.
Votación dividida y las posiciones clave
La votación del Consejo de la Judicatura Federal, que fue decisiva para el regreso a las actividades, no estuvo exenta de controversia. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y la consejera Lilia Mónica López Benítez votaron en contra de la reanudación de labores, defendiendo la continuidad del paro en apoyo a los reclamos laborales de los jueces y magistrados.
Sin embargo, la mayoría de los miembros del CJF optó por poner fin al paro y entablar un diálogo formal con las asociaciones que agrupan a los magistrados y jueces del país, para atender sus preocupaciones y garantizar el respeto a sus derechos laborales.
Mesa de diálogo para resolver los derechos laborales
El paro, que afectó el funcionamiento de cientos de tribunales y juzgados a nivel nacional, fue impulsado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed). Uno de los principales reclamos de esta organización fue la falta de atención a sus derechos laborales tras la aprobación de la reforma judicial, que modificó varias disposiciones relacionadas con la estructura y funciones del Poder Judicial.
El CJF anunció que este viernes se abrirá una mesa de diálogo con la Jufed y la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Este espacio tiene como objetivo discutir cómo se van a garantizar los derechos laborales de los jueces y magistrados, así como establecer un plan para la implementación de la reforma sin que ello implique la violación de las garantías de los trabajadores del Poder Judicial.
La Jufed había manifestado que mantendría el paro hasta que se abriera una negociación formal con la Judicatura, lo cual se concretó con esta convocatoria a diálogo. Esta apertura se percibe como una victoria para el gremio judicial, que ha sido crítico de las modificaciones impuestas por la reforma y la forma en que estas podrían impactar en sus condiciones de trabajo.
Reforma judicial en el centro de la polémica
La reforma judicial, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y que entró en vigor el 16 de septiembre de 2024, ha sido el eje de un amplio debate en el país. Las modificaciones, promovidas por el Ejecutivo Federal, han sido vistas por algunos sectores como necesarias para modernizar el sistema judicial, mientras que otros las consideran una amenaza a la independencia del Poder Judicial.
Uno de los puntos más controversiales es la reorganización de los tribunales y el posible debilitamiento de la autonomía de jueces y magistrados, lo que ha provocado fuertes reacciones por parte de quienes integran el Poder Judicial. La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, se ha convertido en una de las voces más críticas de la reforma, abriendo varias consultas para impugnarla y solicitar aclaraciones sobre su implementación.
Consultas en la Suprema Corte
A la par de la votación para finalizar el paro, la ministra presidenta Norma Piña Hernández inició la cuarta consulta relacionada con la impugnación de la reforma judicial. Esta consulta fue promovida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y busca que la Suprema Corte aclare si puede impugnar la reforma, no mediante amparos, sino a través de una facultad constitucional que tiene la Corte para resolver disputas contractuales y de cumplimiento legislativo.
En este contexto, la consulta está siendo analizada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien será el encargado de presentar un proyecto al Pleno de la SCJN, que determinará si se inicia un juicio de impugnación o si se desecha el asunto.
El conflicto generado por la reforma ha puesto de manifiesto las tensiones internas dentro del Poder Judicial. Mientras algunos actores consideran que la reforma es un paso necesario para mejorar el acceso a la justicia y modernizar las instituciones, muchos jueces y magistrados han expresado su preocupación por las consecuencias que estas modificaciones podrían tener en su independencia y capacidad de actuar sin interferencias.
La Jufed, junto con otras asociaciones del sector judicial, ha advertido que la reforma, tal como fue aprobada, podría poner en riesgo los derechos laborales y las garantías de quienes forman parte del Poder Judicial. Además, han señalado que la nueva estructura podría centralizar aún más el control del sistema judicial, limitando la autonomía de los jueces para tomar decisiones imparciales y conforme a derecho.
¿Qué sigue después del paro?
Con la reanudación de labores el lunes, el enfoque estará puesto en la mesa de diálogo entre el CJF y las organizaciones de jueces y magistrados. Este proceso será crucial para definir cómo se implementará la reforma sin afectar los derechos laborales ni comprometer la independencia judicial.
Además, el resultado de las consultas en la Suprema Corte será fundamental para determinar si se realizan ajustes a la reforma o si esta continuará su curso sin mayores modificaciones. En cualquier caso, la situación ha dejado claro que el Poder Judicial enfrenta un reto importante en términos de su estructura y funcionamiento, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán clave para el futuro del sistema judicial en México.
La voz de los protagonistas
Varios actores relevantes del sector judicial han emitido declaraciones sobre el fin del paro y las negociaciones que están por venir. Norma Piña Hernández, una de las principales opositoras a la reforma, reiteró su postura crítica al votar en contra del fin del paro, argumentando que el proceso de diálogo debe consolidarse antes de levantar la medida de presión.
Por su parte, Mario Salinas, representante de la Asociación Nacional de Magistrados, expresó que, si bien la reanudación de labores es un paso adelante, lo más importante es asegurar que el diálogo con la Judicatura resulte en soluciones que protejan los derechos de los trabajadores. “No se trata solo de volver al trabajo, se trata de volver con garantías”, subrayó.
El fin del paro en el Poder Judicial marca un hecho importante, pero el conflicto está lejos de resolverse. La implementación de la reforma judicial seguirá siendo un tema central de debate en México, con implicaciones profundas para la independencia del Poder Judicial y los derechos laborales de quienes lo integran. Las negociaciones que se desarrollen en los próximos días serán determinantes para el futuro de la justicia en el país, y tanto jueces como magistrados estarán atentos a los resultados de este diálogo crucial.
La mesa de negociación, que se abrirá este viernes, será el espacio donde se decidirá cómo se garantizarán los derechos laborales de los jueces y magistrados, y dónde se explorarán las vías para una implementación más justa de la reforma.
