El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con el caso de Israel Vallarta, subrayando la necesidad de que el Poder Judicial emita una sentencia para que su gobierno pueda proceder con un indulto. Vallarta, detenido desde 2005, ha estado en prisión preventiva por más de 17 años sin haber sido sentenciado, lo que ha generado críticas sobre las fallas del sistema judicial mexicano.
Israel Vallarta fue arrestado el 8 de diciembre de 2005 por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y presentado al público como un supuesto líder de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”. Desde entonces, ha estado recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, sin que se haya dictado una sentencia en su caso, lo que ha sido señalado por López Obrador como una grave injusticia y una violación flagrante de los derechos humanos.
El mandatario expresó su frustración con el Poder Judicial, acusándolo de no proporcionar justicia rápida y expedita, tal como lo establece la Constitución. “La injusticia mayor en este asunto es que, como a muchos otros, el Poder Judicial no les dicta sentencia y llevan años sin ser sentenciados. Eso es una violación flagrante a la Constitución”, afirmó López Obrador.
El Presidente destacó que su gobierno ha realizado todos los trámites necesarios para facilitar el indulto de Vallarta, pero señaló que esta acción solo puede llevarse a cabo si se emite una sentencia. “Lo que queremos es que lo sentencien para que, de acuerdo a mis facultades, podamos aplicar el indulto. Lo puedo hacer, siempre y cuando se tenga una sentencia”, explicó el presidente, dejando en claro que la responsabilidad ahora recae en el Poder Judicial.
También recordó la intervención del gobierno francés en el caso de Florence Cassez, quien fue arrestada junto con Vallarta y posteriormente liberada en 2013 gracias a un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). López Obrador utilizó este ejemplo para ilustrar cómo la justicia puede ser alcanzada con la presión adecuada y el apoyo institucional, reiterando su compromiso de no abandonar el caso de Vallarta, a pesar de que su mandato está próximo a concluir.
El caso de Israel Vallarta es emblemático de las fallas en el sistema de justicia penal en México. Vallarta y Cassez fueron arrestados en un operativo que fue televisado en vivo, lo que más tarde se reveló como un montaje orquestado por Genaro García Luna, entonces director de la AFI, y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino.
Este montaje fue ampliamente criticado y resultó en la liberación de Cassez, pero Vallarta ha permanecido en prisión, convirtiéndose en un símbolo de la injusticia y la corrupción en el sistema judicial mexicano.
El proceso de Vallarta ha estado plagado de irregularidades, incluyendo acusaciones de tortura, fabricación de pruebas y declaraciones obtenidas bajo coacción. A lo largo de los años, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado estas prácticas y han pedido su liberación, argumentando que su detención y el proceso en su contra han sido manipulados desde el inicio.
López Obrador enfatizó que el caso de Vallarta no es único en el sistema judicial mexicano, donde muchas personas permanecen en prisión preventiva durante años sin haber sido sentenciadas. Esto, según el presidente, es una de las razones por las cuales es necesario reformar el Poder Judicial, una de las propuestas clave de su administración.
“Vamos a seguir viendo el tema, a ver si nos alcanza el tiempo, sino, estoy seguro que este asunto va a resolverse porque es una injusticia, no es posible eso”, comentó el presidente.
El presidente también mencionó la reciente suspensión provisional que obtuvo Vallarta el 7 de agosto de 2024, la cual ordena al juez penal convocar a una audiencia para revisar la medida de prisión preventiva oficiosa. Esta suspensión fue vista como un paso adelante en el caso, pero López Obrador subrayó que sigue siendo insuficiente sin una sentencia definitiva.
El caso de Israel Vallarta es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema judicial en México. La demora en la emisión de sentencias y la persistencia de prácticas corruptas han llevado a situaciones donde la justicia parece inalcanzable para muchos, pero la atención que el presidente López Obrador ha puesto en este caso podría ser un catalizador para cambios más amplios en el sistema judicial.
“Nosotros hemos hecho todos los trámites en el Poder Judicial. Lo que queremos es que lo sentencien para que, de acuerdo a mis facultades, podamos indultarlo”, reiteró López Obrador, quien ha dejado en claro que su gobierno no se dará por vencido en la lucha por la justicia en este caso.
El presidente concluyó su intervención con un mensaje de esperanza, confiando en que, aunque su tiempo en el cargo es limitado, el caso de Israel Vallarta encontrará una resolución justa. “Vamos a seguir viendo el tema, a ver si nos alcanza el tiempo. Estoy seguro de que este asunto va a resolverse”, afirmó, dejando claro que la justicia para Vallarta es una prioridad que no se abandonará fácilmente.
Este caso, que ha capturado la atención nacional e internacional, sigue siendo un testimonio de las profundas fallas en el sistema judicial mexicano, pero también de la posibilidad de que, con la voluntad política adecuada, la justicia finalmente prevalezca.
