En la histórica y culturalmente rica alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México, una nueva lucha se está librando, no sólo en las calles, sino también en los tribunales y foros internacionales. El Puente Vehicular Periférico Sur–Oriente y Cuemanco, que ya ha visto la luz desde hace tres años, sigue generando fuertes críticas y resistencias por parte de los residentes y grupos ambientalistas, quienes acusan que la obra ha causado daños irreparables al humedal local, un recurso natural invaluable.
Según los colectivos como ‘Xochimilco Vivo’, la construcción del puente ha resultado en un severo impacto ecológico que va más allá de la mera alteración del paisaje. Ximena Gutiérrez, una de las voces líderes del movimiento, argumenta que el proyecto ha desplazado a numerosas especies y ha interrumpido el flujo natural hidrológico entre las zonas norte y sur de Xochimilco, aumentando las inundaciones y bloqueando la filtración natural de agua de lluvia.
Acciones Legales y Reacciones
En respuesta a estas preocupaciones, los habitantes y activistas no sólo han recurrido a los medios locales para expresar su descontento, sino que han elevado su batalla a un escenario internacional. Recientemente, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando una investigación exhaustiva sobre las repercusiones de la construcción del puente en el humedal y cómo esto constituye una violación de los derechos humanos de las comunidades locales.
La región de Xochimilco, conocida por sus chinampas y canales, ha sufrido múltiples agresiones ambientales a lo largo de los años, desde la extracción de agua durante el porfiriato hasta la construcción de pozos en el siglo XX que han alterado dramáticamente el ecosistema local. Los colectivos ambientalistas, como #YoProtejoElHumedal, subrayan que el daño al humedal no es un evento aislado sino parte de una serie de políticas y proyectos que han socavado la sostenibilidad ecológica de la zona.
El puente, con una inversión de 692.7 millones de pesos, abarca una longitud de 1,746 metros e incluye tres carriles por sentido. A pesar de las afirmaciones de las autoridades locales de que el puente contribuiría a aliviar la congestión vehicular y mejorar la biodiversidad, los críticos sostienen que ha inducido más tráfico y ha exacerbado problemas ambientales como el aumento de la irradiación solar y la contaminación sonora y visual.
La comunidad de Xochimilco, junto con los activistas, está determinada a no solo detener el avance del daño sino también a restaurar el ecosistema dañado. El llamado a la CIDH para una investigación refleja una estrategia más amplia para buscar justicia y reparación por los daños causados. Además, continúan los esfuerzos legales a nivel local con varios amparos en proceso, esperando que eventualmente se puedan revertir algunas de las acciones tomadas.
