En medio de intensos debates y acusaciones cruzadas, la Reforma de Pensiones en México ha entrado en una fase crucial, con el gobierno insistiendo en su compromiso de mejorar el sistema de jubilaciones sin perjudicar a los trabajadores.
La reciente revelación de que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) no han trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un total de 41,541 millones de pesos de fondos no reclamados ha acentuado la urgencia de una reforma estructural.
Guillermo Zamarripa, quien encabeza la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), estimó que el número de cuentas inactivas de adultos mayores de 70 años podría llegar hasta 3.5 millones de cuentas, y que suman un monto estimado de 30 mil millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en desmentir las acusaciones de expropiación de fondos, destacando que la reforma tiene como objetivo primordial beneficiar a los trabajadores. Sin embargo, la discrepancia entre los montos trasladados por las Afores al IMSS y lo que deberían haber entregado ha generado tensiones.
Por ejemplo, Afore Azteca trasladó solo 19.7 millones de pesos de un total debido de 1,847 millones. La situación es similar en otras Afores como Banorte XXI, Principal y Banamex, que también han transferido cantidades significativamente menores a las requeridas.
Tras el “error humano” de Morena, al integrar todas las cuentas tanto activas como inactivas para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, Ivonne Cisneros, legisladora de Morena y presidenta de la comisión referida, negó la versión de su compañero y culpó de las anomalías a la Mesa Directiva de la Cámara baja.
“Yo remití a través del procedimiento correcto. La Mesa Directiva publicó algo diferente”, aseguró. Más tarde, durante una sesión extraordinaria, se volvió a avalar la medida en comisiones. Se discutirá de nuevo en el pleno el próximo lunes.
La reforma propuesta busca crear un fondo compensatorio que se alimentará de varios recursos, incluyendo los fondos de cuentas no reclamadas. Este fondo estaría administrado por el Banco de México con la participación de varias entidades como la Secretaría de Hacienda, el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit, entre otros.
Según Marath Bolaños, secretario del Trabajo, este fondo se financiará en parte por el 75% de los recursos obtenidos por confiscaciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y el 25% de las utilidades de empresas públicas.
El presidente López Obrador ha acusado a las Afores de resistirse a entregar los recursos de pensiones no reclamadas, describiendo estas acciones como “sacar el cobre”. En respuesta a preocupaciones sobre el uso de estos fondos, el titular de la Subsecretaría de Hacienda, Gabriel Yorio González, aseguró que los recursos del fondo no se utilizarán para financiar el déficit fiscal ni para pagar la deuda pública, sino que estarán destinados exclusivamente para el bienestar de los jubilados.
Impacto Social y Económico
La reforma de pensiones busca corregir deficiencias heredadas de administraciones anteriores, donde cambios en el sistema de pensiones en 1997, liderados por el entonces presidente Ernesto Zedillo, transformaron el esquema a uno de cuentas individuales, incrementando las semanas de trabajo requeridas y vinculando las pensiones al ahorro y no al salario. La actual administración pretende asegurar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio se jubilen con el 100% del salario promedio, un cambio significativo respecto a las políticas actuales.
A medida que el debate sobre la reforma de pensiones continúa, el Congreso se prepara para discutir estas medidas en profundidad el próximo lunes.
Con la necesidad de una mayoría simple para pasar la reforma legislativa, el gobierno espera implementar estos cambios antes de buscar una reforma constitucional más amplia. Mientras tanto, la oposición y diferentes sectores de la sociedad siguen expresando sus preocupaciones y buscando clarificar los impactos y la implementación de la propuesta.
La Reforma de Pensiones en México está en un punto crítico, con el gobierno defendiendo la iniciativa como una medida necesaria para mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores, mientras enfrenta críticas y preocupaciones sobre la gestión y destino de los fondos de pensiones. Con el diálogo en curso y la votación pendiente, el futuro de la política de pensiones en México está aún por definirse, prometiendo cambios significativos en el panorama de la seguridad social en el país.
