El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) aprobó un aumento salarial para tres consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), permitiéndoles percibir un sueldo mensual neto de 135,779.36 pesos, una cifra superior al salario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien gana 133,332.97 pesos. Esta decisión, que contraviene la Ley de Austeridad, ha generado un intenso debate en torno a la igualdad salarial, el respeto a la ley y el papel de los organismos autónomos.
La resolución, que beneficia a las consejeras María de los Ángeles Gil, Melisa Guerra, y Cecilia Hernández, se basa en el principio de igualdad salarial, argumentando que los ingresos deben ser equivalentes a los de otros tres consejeros del mismo instituto que ya ganan la mencionada cantidad. Las consejeras habían impugnado el tabulador salarial aprobado por la Junta Administrativa del IECM, que fijaba su salario en 87,821.02 pesos netos mensuales, alineado con la Ley de Austeridad.
Durante la sesión pública, los magistrados del TECM consideraron que la Junta Administrativa no respetó el principio de igualdad jurídica y salarial al asignar sueldos desiguales para consejeros con el mismo rango. Este fallo marca un precedente en la interpretación de los principios de igualdad y autonomía de los organismos públicos.
Reacciones y posturas encontradas
La decisión no ha estado exenta de críticas. Gerardo Villanueva, diputado de la asociación parlamentaria Progresista de la Transformación, afiliada a Morena, calificó el aumento como un acto que “evade la ley vigente” y lo catalogó como un posible “fraude a la ley”. Durante una mesa de trabajo con la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, el legislador cuestionó la ética detrás de la impugnación, señalando una contradicción con los principios de educación cívica que el instituto promueve.
Por su parte, la presidenta del IECM, quien percibe el salario ajustado de 87 mil pesos mensuales, defendió la autonomía de los consejeros para decidir sobre sus propios casos y subrayó su respeto a las decisiones legales, aunque no expresó una postura explícita sobre la resolución.
Debate sobre la Ley de Austeridad
La Ley de Austeridad establece que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de México o en el caso local, más que el jefe de gobierno, pero este principio ha sido motivo de controversia, especialmente en organismos autónomos como el IECM y el propio TECM. Actualmente, todos los magistrados del TECM ganan más de 166 mil pesos mensuales, lo que también supera el límite establecido.
El fallo del TECM ha reavivado el debate sobre la aplicabilidad de la Ley de Austeridad en instituciones autónomas. Según las consejeras beneficiadas, el sueldo asignado originalmente vulneraba su “derecho a ejercer el cargo en condiciones de igualdad”, ya que existían “consejerías de primera y de segunda” dentro del mismo organismo.
Críticas desde el sector político y social
El fallo también ha suscitado cuestionamientos sobre la percepción pública de los organismos electorales y su papel en un contexto donde la austeridad ha sido una bandera política clave. Sandra Hernández, politóloga y especialista en políticas públicas, comentó: “Decisiones como esta afectan la credibilidad de los organismos autónomos. Mientras el gobierno promueve la austeridad como un principio rector, decisiones contrarias a esta narrativa generan descontento ciudadano”.
Por otro lado, los defensores del aumento argumentan que la igualdad salarial es un derecho fundamental que no debe ser subordinado a la austeridad. “Si queremos organismos sólidos y justos, debemos garantizar que los funcionarios sean tratados en condiciones de igualdad”, declaró Luis Gómez, abogado experto en derechos laborales.
Además del aumento salarial, las consejeras también recibirán prestaciones como vales de despensa mensuales por 2,200 pesos, aguinaldos equivalentes a 40 días de salario bruto, y una prima vacacional del 30% del sueldo neto, entre otros beneficios.
Este paquete contrasta con las condiciones de otros funcionarios, incluida la presidenta del IECM, quien optó por adherirse al tabulador original en cumplimiento de la Ley de Austeridad.
Impacto en la imagen pública del IECM
El IECM ha enfrentado críticas recientes debido a percepciones de opacidad y conflictos internos. La decisión de las consejeras de impugnar su salario podría intensificar estas críticas, particularmente en un momento en el que el instituto desempeña un papel crucial en la organización de elecciones en la Ciudad de México.
Sin embargo, las consejeras argumentaron que esta medida busca dignificar su trabajo y garantizar que su remuneración refleje la importancia de sus responsabilidades. “No se trata solo de un tema de ingresos, sino de garantizar el respeto a los principios de igualdad y autonomía que sustentan nuestra democracia”, expresaron en un comunicado conjunto.
¿Qué sigue?
Con el fallo del TECM, el aumento salarial para las consejeras del IECM es efectivo de inmediato, pero es probable que esta decisión genere un efecto dominó en otros organismos autónomos, donde funcionarios podrían seguir el mismo camino legal para ajustar sus salarios.
La Cámara de Diputados podría intervenir para revisar la implementación de la Ley de Austeridad en organismos autónomos y evaluar si se requieren modificaciones legales para garantizar su cumplimiento sin vulnerar principios de igualdad y autonomía.
El aumento salarial a las consejeras del IECM pone en el centro del debate dos valores fundamentales: la austeridad y la igualdad. Mientras que algunos consideran que esta decisión debilita el espíritu de las políticas de austeridad promovidas por el gobierno, otros ven en ella un triunfo para la equidad laboral dentro de los organismos autónomos.
La resolución también plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la autonomía de las instituciones y la responsabilidad fiscal, especialmente en un contexto político donde la austeridad ha sido promovida como un principio central. En los próximos meses, será crucial observar cómo evoluciona este debate y si se convierte en un punto de inflexión para las políticas salariales en el sector público.
