Tarifazo en Uber, el 7% que podría costarle caro a la plataforma

La reciente decisión de Uber de incrementar en un 7% las tarifas de viaje generó una contundente respuesta del Gobierno de México. A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se emitió una postura oficial en la que se rechaza categóricamente el aumento, calificándolo como “unilateral e irresponsable”, y se acusa a la plataforma de romper compromisos establecidos en torno a la reforma laboral para plataformas digitales.

Según la STPS, el aumento de precios no tiene sustento real, ya que no se ha determinado el impacto exacto de la reforma en los costos operativos ni el número de trabajadores formalmente incorporados al sistema de seguridad social. En ese sentido, se subraya que Uber se comprometió a no aplicar incrementos de tarifa durante la fase piloto de implementación de las nuevas disposiciones laborales.

En respuesta al incumplimiento, la STPS anunció la implementación de operativos nacionales junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el objetivo de verificar y sancionar cualquier política tarifaria irregular o injustificada que perjudique a los usuarios del servicio.

Profeco exige transparencia y respeto a los derechos del consumidor

Por su parte, la Profeco señaló que Uber está obligada a informar con claridad y anticipación cualquier cambio en sus condiciones de servicio, incluyendo el alza de tarifas. En un comunicado, la dependencia citó el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual establece que los proveedores deben respetar los precios y condiciones ofrecidas, y obtener el consentimiento del consumidor antes de modificar un contrato vigente.

La institución advirtió que vigilará de manera estricta que se cumplan los principios de legalidad y transparencia, y que cualquier omisión en el proceso de notificación puede derivar en sanciones administrativas.

Uber justificó el incremento como una medida necesaria para proteger las ganancias de los conductores tras los cambios derivados de la reforma laboral, pero la autoridad reiteró que el modelo de negocio de las plataformas digitales traslada los costos a los trabajadores sin brindarles seguridad o herramientas, lo que agrava la precariedad laboral.

La confrontación entre Uber y el Gobierno evidencia las tensiones crecientes en torno a la regulación de la economía digital, especialmente en lo relacionado con derechos laborales, tarifas y la transparencia en el trato con los consumidores. Lo que inició como una actualización de precios podría convertirse en un conflicto mayor, con consecuencias tanto para la plataforma como para sus millones de usuarios en el país.