Las miradas de la comunidad política y judicial se posaron en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando los magistrados tomaron una determinación que sorprendió a más de uno: ordenaron a los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo “palomear” a 18 aspirantes que habían sido excluidos del proceso para contender en las elecciones judiciales del próximo 1° de junio de 2025. Al mismo tiempo, el TEPJF exigió a dichos comités aclarar por qué otros 48 candidatos quedaron fuera de la contienda en la etapa inicial de selección.
El ambiente durante la sesión fue tenso desde el inicio, pues se esperaban resoluciones clave. De manera concreta, los magistrados analizaron 66 impugnaciones de aspirantes que se sintieron agraviados por haber sido eliminados durante la fase preliminar. El argumento principal era que nunca se les informó con claridad qué requisitos de la convocatoria no habían cumplido, lo cual generó suspicacias sobre la transparencia y legalidad del proceso.
Revisión minuciosa en el TEPJF
Para entender la relevancia de esta resolución, hay que recordar que tanto el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo como el del Poder Legislativo tienen la responsabilidad de verificar que cada persona inscrita cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos destacan experiencia profesional, trayectoria jurídica y otros criterios de elegibilidad previamente fijados para esta inédita elección judicial.
Al final de su revisión, los comités presentaron listados oficiales con nombres de quienes consideraron idóneos para avanzar en la competencia, pero en esa depuración quedaron fuera 66 candidatos, lo que detonó el descontento de los aspirantes fue la falta de explicaciones concretas.
Los afectados argumentaron ante el Tribunal Electoral, que para ejercer su derecho a impugnar, primero necesitaban saber con certeza los motivos de su exclusión. Ante tal situación, la Sala Superior determinó que en efecto, la transparencia no fue la adecuada, por lo que reconoció que hubo “agravios fundados” en todos los casos.
Por qué 18 fueron “rescatados” y 48 quedaron en el limbo
El TEPJF no solo determinó la falta de fundamentación y motivación por parte de los comités, sino que encontró evidencia suficiente para “revivir” a 18 de esos 66 aspirantes. Según explicó la magistrada presidenta Mónica Soto, estos 18 candidatos sí cumplen con los requisitos de la convocatoria y no hay razón legal válida para que queden excluidos. Por tal motivo, ordenó su inmediata reintegración en la lista de aspirantes idóneos para la elección de jueces, magistrados y ministros.
La determinación generó reacciones positivas entre los involucrados, especialmente entre quienes forman parte de los 18 “rescatados”. En su mayoría, se trata de personal del Poder Judicial: jueces en funciones, magistrados y colaboradores con trayectoria reconocida. Varios de ellos estaban presentes en la sesión de la Sala Superior o siguieron los acontecimientos a distancia, manifestando su alivio y satisfacción por lo que consideran “un acto de justicia”.
Del otro lado de la moneda, el TEPJF no admitió directamente el regreso de los otros 48 aspirantes, pero emitió un fallo a su favor en un aspecto crucial: los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo deberán explicarles de manera puntual las razones jurídicas y objetivas por las cuales no cumplían los requisitos de elegibilidad. Esta orden busca dotar al proceso de “certeza, transparencia y legalidad”, en palabras de la magistrada Mónica Soto, y abre la puerta a una posible impugnación posterior de cada uno de los afectados, en caso de que así lo decidan.
Reacciones encontradas y posibles escenarios
La determinación del TEPJF no estuvo exenta de cuestionamientos. Algunos observadores políticos señalan que el fallo podría retrasar el desarrollo del proceso electoral en el Poder Judicial, el cual ya de por sí enfrenta diversos amparos y controversias; no obstante, otros sectores consideran positivo que la transparencia sea el eje rector y celebran que la Sala Superior busque dotar de garantías a todos los participantes.
Desde los Comités de Evaluación, representantes cercanos a la sesión reconocieron errores en la revisión preliminar y prometieron entregar las nuevas notificaciones a la brevedad. Se prevé que, tras recibir la instrucción formal, redacten un documento en el que detallen, “de manera fundada y motivada”, cuáles son los motivos por los que estos 48 candidatos no cumplen con el perfil o las condiciones establecidas. En palabras de uno de los voceros del Comité del Poder Ejecutivo: “Nos comprometemos a mejorar nuestros procesos de comunicación y dar claridad a los excluidos”.
Por su parte, los 18 aspirantes readmitidos celebran la decisión y se preparan para continuar con la siguiente etapa: la evaluación de idoneidad. Esta fase incluye exámenes de conocimientos, formación y experiencia jurídica, así como la validación de su trayectoria. Vale recordar que el cronograma de la elección establece varios filtros antes de que los nombres lleguen a las boletas el próximo 1° de junio, cuando, por primera vez, se llevará a cabo una elección directa de puestos judiciales de alto nivel.
Hacia la recta final de un proceso inédito
Con esta resolución, el Tribunal Electoral envió un mensaje contundente: la transparencia y la legalidad son esenciales para legitimar una elección judicial tan innovadora como la de 2025. Ahora, los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo tienen la tarea de cumplir la orden en un plazo que, por mandato judicial, no debe exceder las 48 horas a partir de la notificación correspondiente. Una vez concluido ese lapso, los afectados podrán decidir si aceptan la explicación o vuelven a impugnar.
