El Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad de 128 votos, una histórica reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Esta reforma marca un hito en el reconocimiento de los derechos de estas comunidades, que representan una parte fundamental de la diversidad cultural y social de México.
La reforma modifica el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un artículo clave para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. Anteriormente, estas comunidades eran consideradas sujetos de interés público, lo que limitaba su capacidad de autodeterminación y de ejercer plenamente sus derechos. Con esta reforma, pasan a ser sujetos de derecho público, lo que les otorga mayor autonomía para gobernarse, proteger su patrimonio cultural, y participar en decisiones que afectan su futuro.
Martí Batres, Jefe de Gobierno, señaló que la reforma “es un avance crucial para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como actores políticos, sociales y culturales fundamentales en la construcción de la nación mexicana”. Batres resaltó que este es un paso hacia la justicia histórica para estas comunidades, que han sido marginadas por siglos.
Autonomía, cultura y derechos colectivos
Con la modificación al Artículo 2, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ahora pueden ejercer jurisdicción indígena, fortalecer sus formas tradicionales de gobierno, proteger sus lenguas, y gestionar su patrimonio cultural e intelectual colectivo. Esta reforma también garantiza su participación en la creación de modelos educativos que respeten y promuevan sus culturas, así como el derecho a la medicina tradicional y la gestión de sus hábitats y tierras sagradas.
Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y una fuerte defensora de los derechos indígenas, elogió la reforma como un triunfo para las comunidades originarias. “Este es el reconocimiento que hemos exigido por décadas. Las comunidades indígenas y afromexicanas ya no serán simples observadoras en la toma de decisiones, sino protagonistas en la construcción de su propio destino”, afirmó Gálvez. La senadora también resaltó la importancia de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, un principio clave en el derecho internacional que se incorpora plenamente a través de esta reforma.
Derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas
Uno de los aspectos más importantes de la reforma es el énfasis en los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. El dictamen establece que las mujeres de estas comunidades deben tener garantizado el acceso a la participación política, la toma de decisiones, así como a la educación, salud, propiedad y posesión de tierras. Este enfoque busca reducir la brecha de desigualdad y discriminación que muchas mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan en sus comunidades.
La senadora Kenya López Rabadán, del PAN, subrayó la importancia de este avance en términos de equidad de género: “No podemos hablar de justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos si no abordamos la desigualdad que enfrentan las mujeres en estas comunidades. Con esta reforma, estamos garantizando que las mujeres tengan voz y acceso a los mismos derechos que sus pares hombres”.
Impacto en las comunidades indígenas y afromexicanas
En México se estima que 23 millones de personas se reconocen como indígenas y 2.5 millones como afromexicanos. La reforma, que fue enviada al Senado por la Cámara de Diputados y aprobada sin modificaciones, no solo refuerza su libre determinación y autonomía, sino que también busca proteger su bioculturalidad y la integridad de sus tierras.
El diputado Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, expresó que la reforma es un acto de reparación histórica: “Durante mucho tiempo, los pueblos indígenas y afromexicanos han sido relegados. Hoy, con esta reforma, damos un paso firme para revertir esa situación y garantizar que estos pueblos puedan gobernarse de acuerdo con sus propios sistemas y costumbres”.
Además de los derechos territoriales y culturales, la reforma otorga mayor control sobre el desarrollo integral de estas comunidades, reconociendo su derecho a ser consultados sobre proyectos de desarrollo que afecten sus territorios. Esta medida busca proteger a las comunidades de proyectos económicos que puedan poner en riesgo su forma de vida o sus recursos naturales.
Uno de los aspectos más notables de esta reforma es el consenso unánime alcanzado en el Senado. La aprobación por 128 votos a favor, sin ningún voto en contra o abstención, refleja la relevancia y urgencia de este tema en la agenda nacional. Senadores de todas las fuerzas políticas se unieron para apoyar una reforma que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como actores fundamentales en la construcción del país.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve, destacó la unidad que se logró en torno a esta reforma: “Esta es una muestra de que, cuando se trata de derechos fundamentales, podemos dejar de lado las diferencias partidistas y trabajar juntos por el bien de México”.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma será enviada a los congresos estatales para su ratificación, ya que, al ser una reforma constitucional, necesita la aprobación de al menos 17 congresos locales para entrar en vigor. Los legisladores confían en que este proceso será rápido, dado el amplio apoyo que la reforma ha recibido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
