La reciente reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad privada ha encendido las alarmas en el sector inmobiliario capitalino. Aunque, por el momento, la modificación solo busca homologar el concepto de propiedad en términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialistas advierten que podría ser el primer paso hacia cambios más profundos que afecten la seguridad jurídica de los propietarios e inversionistas.
Una Reforma que genera incertidumbre
Durante el Foro 351 de la plataforma Tiburones Inmobiliarios, expertos del sector expresaron su preocupación por la rapidez con la que se discutió y aprobó la iniciativa en el congreso local. José Antonio Manzanero, notario público y expresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, señaló que si bien la reforma actual no modifica derechos adquiridos, sí sienta un precedente que podría facilitar futuras alteraciones a la Carta Magna en relación con la propiedad privada.
“Hoy no ha pasado nada, pero tenemos un Congreso Federal que puede modificar cualquier ley. Imaginen que a los legisladores se les ocurra cambiar el artículo 27 constitucional; ese es el gran temor de muchos inversionistas”, comentó Manzanero. El notario anticipa que esta señal de alarma podría desencadenar una oleada de amparos por parte de propietarios y desarrolladores que buscan proteger sus inversiones ante posibles modificaciones legales.
Impacto en la Confianza de Inversionistas
Antonio Hánna Grayeb, director general de HANNA Inmobiliaria, compartió la inquietud de Manzanero. Aunque reconoce que la reforma no afecta directamente la propiedad privada en este momento, advierte que añade una capa de desconfianza entre los inversionistas inmobiliarios. “No entiendo qué pretende el gobierno de la Ciudad de México. No está viendo que el sector inmobiliario es una máquina de dinero para la ciudad, con impuestos prediales y tramitología”, expresó Hánna Grayeb.
El empresario inmobiliario subrayó que esta incertidumbre se suma a la reciente reforma en materia de rentas en la CDMX, que limita el aumento de alquileres a la tasa de inflación y obliga a registrar los contratos de arrendamiento en una plataforma digital gubernamental. “Esto confunde a la sociedad y a los inversionistas, desmotivando la inversión inmobiliaria y generando desconfianza, que es el principal motor para nuestro sector”, añadió.
La Posición del Gobierno de la CDMX
Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció recientemente los cambios a la constitución local con el objetivo de homologar el principio de propiedad al establecido en la Constitución Federal. Según Batres, esta acción busca brindar claridad jurídica y fortalecer el marco legal de la ciudad.
Sin embargo, los especialistas del sector inmobiliario consideran que la medida es innecesaria y potencialmente perjudicial. “La desconfianza que se ha creado va a costar mucho tiempo y esfuerzo restablecerla, por más que escuchemos que no va a pasar nada”, enfatizó José Antonio Manzanero.
Datos que preocupan al Sector
La Ciudad de México es un mercado inmobiliario de gran relevancia en el país:
- Viviendas Particulares: Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 existían alrededor de 2.7 millones de viviendas particulares en la CDMX.
- Propietarios Afectados: Manzanero estima que podría haber cerca de 4 millones de propietarios en la capital, quienes podrían verse impactados por futuros cambios legales en materia de propiedad.
- Contribución al PIB: El sector inmobiliario aporta más del 5% al Producto Interno Bruto nacional.
- Empleos Generados: Genera más de 6 millones de empleos directos e indirectos.
- Impacto Económico: Influye en 78 ramas de la economía, desde la construcción hasta los servicios financieros.
Antonio Hánna Grayeb resaltó que cualquier alteración en la confianza de los inversionistas podría tener repercusiones significativas no solo en la CDMX, sino en todo el país. “Existen caminos que se pueden abrir, y con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, la Constitución Política podría ser modificada por esta mayoría relativa que tiene el partido oficial”, alertó.
Desafíos en Tramitología y Desarrollo
Otro aspecto que inquieta al sector es la ya complicada tramitología para desarrollar proyectos inmobiliarios en la ciudad. “En la CDMX, se lleva de tres a cuatro años obtener los permisos y elementos jurídicos necesarios para adquirir, demoler, construir y vender un inmueble”, explicó Manzanero. En contraste, en otras entidades del país, este proceso puede tomar entre cuatro y seis meses.
Esta burocracia dificulta alcanzar metas ambiciosas como la propuesta por la próxima administración capitalina de desarrollar 200,000 viviendas nuevas. “Con este panorama, es complicado cumplir esas cifras”, afirmó el notario.
Actualmente, solo tres constituciones locales en México están homologadas con el régimen de propiedad establecido en la Constitución Federal. Esto coloca a la CDMX en una posición singular que podría influir en decisiones de inversión a nivel nacional.
“Los inversionistas podrían optar por dirigir sus recursos a entidades con marcos legales más estables y procesos más ágiles”, advirtió Hánna Grayeb. Esta situación podría desviar capitales significativos de la capital hacia otras regiones del país.
Posibles Consecuencias y Acciones Legales
Ante el clima de incertidumbre, es previsible que propietarios e inversionistas tomen medidas preventivas. “No dudemos que muchas personas ya estén consultando a sus abogados para interponer amparos y proteger sus derechos ante posibles cambios futuros”, señaló Manzanero.
Estas acciones legales podrían saturar aún más el sistema judicial y retrasar proyectos en curso, afectando la dinámica económica de la ciudad. Los especialistas hacen un llamado al gobierno de la CDMX para reconsiderar estas reformas y abrir canales de diálogo con el sector inmobiliario. “Necesitamos políticas que fomenten la inversión, no que la ahuyenten”, insistió Hánna Grayeb.
La importancia del sector inmobiliario en la economía de la ciudad y del país es innegable. Genera empleo, contribuye al PIB y dinamiza múltiples ramas de la economía. Por ello, es crucial que las autoridades tomen en cuenta las preocupaciones expresadas por los especialistas y trabajen en conjunto para garantizar un entorno legal y económico que favorezca el desarrollo y la inversión.
