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Se mantiene órden de aprehensión contra JC Chavez Jr, él busaca amparo contra incomunicación

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El juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Mexicali, rechazó suspender la orden de aprehensión que acusa a Julio César Chávez Jr. de delincuencia organizada y tráfico de armas en México. Sin embargo, concedió un amparo de plano para asegurar que, al ser detenido y trasladado a territorio nacional, el pugilista no quede incomunicado ni sufra tratos crueles, inhumanos o degradantes, en términos del artículo 22 constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Chavez Jr. promovió ese amparo a través de su abogado, Christian Camacho Ruiz, pero el juez Ayala Gutiérrez advirtió que existen demandas similares en distintos estados, incluida la Ciudad de México. Por ello, ordenó al promovente aclarar en cinco días si desea que el tribunal de Baja California siga con el juicio de amparo o si presentó la demanda por error. De no recibir esa confirmación, el juez dejará sin efecto tanto el amparo como las medidas cautelares.

Autoridades Estadounidenses han acelerado el trámite de deportación de Chávez Jr.

En paralelo, las autoridades estadounidenses han acelerado el trámite de deportación de Chávez Jr., detenido el pasado 3 de julio en California por hallarlo en situación migratoria irregular. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo califica como “una amenaza para la seguridad pública” debido a sus presuntos nexos con el **Cártel de Sinaloa”.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, explicó que la Fiscalía General de la República emitió la orden de aprehensión en 2023, tras una investigación conjunta con Estados Unidos iniciada en 2019. A pesar de esta orden, Chávez Jr. ingresó legalmente a aquel país en agosto de 2023 con una visa de turista y permaneció libre hasta su reciente detención.

Con esta resolución, el Poder Judicial busca ejecutar la orden de aprehensión sin sacrificar los derechos humanos del acusado, mientras define la competencia jurisdiccional y ultimará los detalles para entregar al boxeador a las autoridades mexicanas.

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