La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha turnado a la ministra Loretta Ortiz Ahlf la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición contra la reforma que dio origen al Fondo de Pensiones del Bienestar, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este movimiento ha generado gran expectativa, ya que la decisión de la ministra será crucial para el futuro de los fondos de pensiones en México.
El conflicto se centra en la reforma propuesta por el Ejecutivo, la cual busca centralizar al menos 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas de Afore inactivas en el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar. Los diputados del PAN, PRI y PRD han argumentado que esta medida podría afectar la transparencia y el manejo adecuado de los recursos de los trabajadores, presentando una acción de inconstitucionalidad a finales de mayo para evitar que el gobierno federal tome control de estos fondos.
La SCJN, a través de la Subsecretaría General de Acuerdos, ha registrado el expediente físico y electrónico bajo el número 116/2024, y ha turnado el caso a la ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruya el procedimiento correspondiente. Ortiz, quien anteriormente se desempeñó como diputada federal por Morena, ahora tiene la responsabilidad de determinar si admite o no la impugnación presentada por los legisladores de oposición.
En su comunicado, la Corte especificó: “Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico, relativo a la acción de inconstitucionalidad hecha valer por diversas diputadas y diputados integrantes del Congreso de la Unión.
Túrnese este expediente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruya el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal. Se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”.
Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas y sociales. La administración de los fondos de pensiones es un tema sensible que afecta a millones de trabajadores mexicanos, por lo que la decisión de la ministra Ortiz será observada con detenimiento tanto por el sector político como por el público en general.
La reforma impulsada por López Obrador busca integrar las cuentas de Afore inactivas en un fondo administrado por el gobierno, argumentando que esto permitirá una mejor gestión y distribución de los recursos para el bienestar de los pensionados. Sin embargo, los opositores señalan riesgos de manejo ineficiente y posible falta de transparencia.
En el contexto de este debate, la figura de Loretta Ortiz cobra especial relevancia. Con su experiencia previa en la política y su actual rol en la SCJN, su decisión tendrá un impacto significativo en la percepción pública sobre la independencia del poder judicial y la capacidad del gobierno para manejar fondos públicos.
