La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) programó para el próximo 5 de noviembre la discusión del proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone invalidar parcialmente aspectos clave de la reciente Reforma Judicial. Esta decisión responde a una solicitud de Atención Prioritaria interpuesta el 25 de octubre por Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
La Reforma Judicial, aprobada el pasado 16 de septiembre, plantea cambios significativos, entre ellos la elección de jueces y magistrados mediante procesos públicos, pero este punto ha generado controversias sobre su constitucionalidad y aplicabilidad, por lo que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá se centra en analizar los riesgos legales de este método electoral y propone anular ciertos aspectos.
La controversia que rodea esta reforma tiene su origen en diversas acciones de inconstitucionalidad, como la presentada por el gobierno de Guanajuato (controversia constitucional 286/2024) y las promovidas por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, legisladores de Zacatecas y el partido local Unidad Democrática de Coahuila. La reforma, aunque aplaudida en algunos sectores por su intención de democratizar el acceso a los cargos judiciales, ha sido criticada por su estructura y los efectos que podría tener en la estabilidad y neutralidad del sistema judicial.
El proyecto de González Alcántara Carrancá critica la falta de garantías para asegurar que el proceso electoral sea transparente y accesible para los aspirantes. En palabras del ministro, el “sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”. Según el proyecto, no se proporciona certeza sobre cómo se evaluarán los perfiles de los candidatos ni se garantiza que puedan hacer uso de los espacios públicos en condiciones de igualdad para presentar sus propuestas.
Claves del proyecto de Alcántara Carrancá
El proyecto elaborado por González Alcántara Carrancá establece la necesidad de invalidar ciertas disposiciones de la reforma judicial, particularmente aquellas relacionadas con la elección pública de jueces y magistrados. Entre las principales críticas, se expone la falta de claridad en los criterios para incluir a los candidatos en las listas, lo que podría afectar la igualdad de oportunidades.
El ministro señala que “no existe certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluidos en las listas”, lo cual compromete la imparcialidad del proceso y va en contra de los principios de seguridad jurídica. La propuesta enfatiza que la SCJN debería actuar con “autocontención” y dejar ciertos aspectos fuera del análisis, buscando evitar una crisis institucional entre poderes.
La propuesta del ministro ha generado respuestas en distintos sectores del Senado y en el ámbito político. Fernández Noroña, quien impulsó la solicitud de atención prioritaria, argumentó que es urgente “resolver estas inconsistencias y garantizar que el sistema judicial opere con claridad y transparencia”. A su vez, legisladores de diversos partidos han expresado sus expectativas sobre la discusión en la SCJN.
María Guadalupe Chavira, senadora por Morena, considera que “la reforma representa un paso hacia una justicia más cercana al pueblo, aunque, claro, se deben tomar en cuenta ajustes en la implementación de estos procesos”. Desde el PAN, la senadora Mayuli Latifa Martínez sostiene que “aunque la elección de jueces suena atractiva, la falta de claridad en los métodos de evaluación podría desvirtuar la reforma y generar más conflictos en vez de soluciones”.
Puntos críticos del proyecto de la SCJN
Además del sistema de elección, el proyecto de González Alcántara Carrancá aborda el impacto de la reforma sobre los principios de imparcialidad y equidad en el sistema judicial. Uno de los puntos centrales es la creación de un sistema de “jueces sin rostro”, donde las identidades de algunos jueces se mantendrían en anonimato. El ministro señala que “resguardar la identidad de las personas juzgadoras es directamente contrario a las garantías de debido proceso, sobre todo en causas de naturaleza penal”.
Asimismo, el proyecto apunta a la inconstitucionalidad de esta figura anónima al considerar que vulnera los derechos de los acusados a ser juzgados por personas cuya imparcialidad pueda ser evaluada públicamente. Esta medida, según Alcántara Carrancá, “corrompe los fundamentos de nuestra República representativa y democrática”.
Escenario previsto para la sesión del 5 de noviembre
La sesión del 5 de noviembre será crucial, ya que los ministros de la SCJN no solo discutirán el contenido de la reforma, sino que definirán el alcance y las limitaciones de la intervención judicial en este tipo de modificaciones constitucionales. Expertos anticipan un debate intenso, dado que el proyecto propone una autocontención judicial en ciertos aspectos, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
En caso de que la SCJN decida adoptar el proyecto de González Alcántara Carrancá, las disposiciones impugnadas de la reforma quedarían sin efecto. Esto podría llevar a un replanteamiento de la reforma judicial por parte del Congreso, donde se debatirían alternativas para garantizar un sistema judicial democrático sin comprometer la seguridad jurídica.
La discusión de este proyecto es también vista como una oportunidad para que la SCJN revalúe su rol en el análisis de reformas constitucionales, una facultad que históricamente ha ejercido en pocas ocasiones y que, en caso de mantener esta postura de autocontención, podría reducir la capacidad de los tribunales para intervenir en decisiones de gran relevancia política.
El próximo 5 de noviembre, todos los ojos estarán puestos en la SCJN, donde el fallo no solo impactará el sistema judicial, sino que enviará un mensaje claro sobre la posición del máximo tribunal ante reformas estructurales. Para la ciudadanía y los sectores involucrados, este fallo representa una oportunidad para aclarar si el nuevo sistema de elección garantiza o no el derecho a un sistema judicial justo y transparente.
Independientemente del desenlace, la SCJN se enfrenta a una decisión que podría marcar un precedente en la interacción entre poderes, especialmente en cuanto a la influencia judicial sobre reformas impulsadas desde el Legislativo.
