Conforme avanzan los primeros 100 días de gobierno federal, queda más claro que el dinero no alcanza y son muchas las promesas de campaña y compromisos por cumplir.
Es así que siguen los recortes presupuestales y la estrategia de apretar el cinturón para el gobierno de la cuarta transformación, y como muestra está la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la extinción de seis fideicomisos que suman más de 7 mil 177 millones de pesos, donde el gobierno de Sheinbaum consigue un abono a su cochinito para los planes del 2025.
Este monto, ahora destinado a la Tesorería de la Federación, será utilizado para financiar la primera elección de jueces, magistrados y ministros, programada para junio de 2025. La decisión, tomada en sesión privada, marca un punto de quiebre la implementación de la reforma judicial promovida en 2023.
Contexto de los fideicomisos
Estos fideicomisos forman parte de los 13 fondos administrados por el Poder Judicial de la Federación (PJF), que en conjunto representaban más de 17 mil millones de pesos hasta septiembre de este año. Entre ellos destacan recursos destinados a pensiones complementarias para altos mandos, incluidos ministros y otros funcionarios judiciales.
La reforma judicial aprobada en octubre de 2023 estableció la extinción de todos los fideicomisos que no estuvieran previstos en leyes secundarias, con un plazo máximo de 90 días para transferir los recursos a la Tesorería de la Federación. El plazo límite para este proceso vence el próximo 15 de diciembre.
Decisión del Pleno
En una sesión privada celebrada el pasado 3 de diciembre, la ministra presidenta Norma Piña Hernández presentó el último informe anual sobre la administración de estos fideicomisos. Durante la reunión, se clarificó que la extinción aún no ha sido formalizada pero se encuentra en proceso de ejecución.
La ministra Lenia Batres, quien respaldó la medida, señaló que la extinción responde a lo estipulado en la reforma judicial y subrayó que los recursos remanentes tendrán un propósito crucial: “Estos fondos financiarán un proceso inédito en la historia del Poder Judicial, donde jueces y magistrados serán elegidos democráticamente por primera vez”.
La decisión fue respaldada por la mayoría de los ministros, aunque no sin debate. Durante la sesión, se escucharon diversas posturas. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de los ministros que previamente había votado en contra de la revocación de suspensiones para la extinción de fideicomisos, expresó preocupaciones sobre el impacto de esta medida en las operaciones del Poder Judicial. Sin embargo, su posición quedó en minoría.
La extinción de estos fideicomisos ha sido un tema controversial desde que se anunció la reforma judicial. En diciembre de 2023, el ministro Javier Laynez Potisek emitió una suspensión que frenaba la desaparición de los fideicomisos, en respuesta a acciones de inconstitucionalidad presentadas por legisladores de oposición. Esta suspensión fue revocada el pasado 27 de noviembre por la Primera Sala de la SCJN, con una votación de cuatro votos a favor y uno en contra, basada en la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat.
El artículo décimo transitorio del decreto de la reforma estipula que estos fideicomisos deben ser disueltos, y los recursos entregados a las arcas públicas. En la sesión, la ministra presidenta enfatizó que se trata de un mandato legal que busca garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Impacto de la medida
La extinción de los fideicomisos ha generado diversas reacciones entre legisladores, analistas y actores clave del sistema judicial. Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, destacó la importancia de cumplir con el mandato de la reforma judicial: “Este es un paso necesario para consolidar un Poder Judicial más democrático, transparente y eficiente”.
Por otro lado, especialistas en derecho constitucional han manifestado preocupaciones sobre los efectos de esta decisión en la autonomía del Poder Judicial. Diego Valadés, jurista y académico, advirtió que “aunque los fideicomisos no son imprescindibles, su extinción puede dificultar ciertas funciones operativas del Poder Judicial, especialmente en áreas como infraestructura y capacitación”.
En el ámbito político, legisladores de oposición como Claudia Ruiz Massieu han señalado que la medida podría debilitar al Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado. “El uso de estos recursos debe ser estrictamente vigilado para evitar que se desvíen de su propósito original”, comentó la senadora.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de recibir y gestionar los recursos provenientes de la extinción de los fideicomisos. Según lo anunciado, estos fondos se destinarán principalmente a organizar y financiar el proceso electoral de jueces y magistrados, una medida sin precedentes en el sistema judicial mexicano.
Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, expresó que este esfuerzo es una muestra del compromiso del gobierno federal con la democratización del Poder Judicial: “Estos recursos representan una oportunidad histórica para transformar la manera en que se eligen a las máximas autoridades judiciales del país”.
La ciudadanía también ha mostrado interés en este tema, especialmente por el impacto que tendrá en el futuro del sistema de justicia. Organizaciones civiles, como el colectivo México Unido Contra la Corrupción, celebraron la decisión como un avance hacia una mayor transparencia. Sin embargo, grupos sindicales dentro del Poder Judicial han expresado su preocupación por la pérdida de beneficios que dependían de estos fideicomisos.
En redes sociales, la noticia ha sido ampliamente debatida. Mientras algunos aplauden el uso de los recursos para fines democráticos, otros cuestionan la gestión futura de estos fondos. “Es importante que se garantice el uso correcto de este dinero; de lo contrario, solo será un golpe más a la confianza pública”, comentó el analista político Eduardo Huchim.
