Foto: Ricardo Burgos
Por Ricardo Burgos Orozco
A un amigo le diagnosticaron hace cuatro años cáncer de próstata; con pocas posibilidades económicas, su tratamiento lo siguió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque tuvo altibajos por la falta de medicamentos adecuados, algunos de ellos no los tenía el sector salud y para él era imposible adquirirlos por su precio. Falleció dos años después al agravarse su padecimiento.
La falta de medicamentos, sobre todo para enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión, osteoporosis y esquizofrenia, se ha agudizado en los años recientes por cuestiones multifactoriales: crisis económicas, desorganización y falta de transparencia, aumento de la demanda, conflictos internacionales, aumento de los costos de producción, regulación de precios y acaparamiento. No todo es culpa del gobierno, pero su participación es fundamental para el abasto y ha estado fallando.
En México, la compra de medicamentos se lleva a cabo con una estrategia de compras consolidadas. La empresa gubernamental Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México) se encarga de consolidar la compra de medicamentos e insumos para la salud dirigidos al IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.
Se supone que ese procedimiento fue instaurado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para obtener mejores precios, garantizar abasto oportuno, modernizar la gestión de recursos, garantizar el derecho a la salud de las personas y optimizar los recursos públicos, que son de todos los mexicanos a final de cuentas.
Pero resulta que el 19 de marzo pasado, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, dio a conocer “posibles indicios de corrupción” al adjudicar 175 claves de medicamentos a un sobreprecio de 13 mil millones de pesos, que, al parecer, fue detectado a tiempo por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para cancelar la licitación.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tratado de minimizar el tema. En su momento, sólo mencionó la presidenta que por ello “pudiera haber sanciones penales”. Hasta ahora, un mes después, sólo se han retirado de sus cargos al director general de Birmex, José de Jesús Olmos Cancino (nombrado por la propia Claudia Sheinbaum al iniciar su mandato); Emma Luz López Juárez, administrativa; Carla Irene Anaya Guendolain, de Logística; Fabián López Xochipa, de Planeación, y otros más de menor nivel. Hasta ahora ninguno ha sido acusado penalmente.
Un peculado fallido, aunque no deja de ser un delito, pero que el gobierno morenista actual lo trata con desdén – ¿Cómo sabemos que no ha ocurrido en Birmex algo parecido y no se había detectado? –, al igual que ocurrió en el cuantioso fraude por 15 mil millones de pesos ocurrido en el sexenio anterior con Segalmex, del cual su director Ignacio Ovalle terminó premiado con un cargo en la Secretaría de Gobernación.
Maribel Ramírez Coronel escribió en el periódico El Economista el 14 de abril pasado que la noticia de la megacompra de medicamentos por parte de Birmex, no sólo es una noticia de sobreprecios, como el gobierno ha querido venderlo. Es un rompecabezas de irregularidades, criterios absurdos y decisiones que rozan lo inexplicable, dejando un tufo de improvisación…Quedará para la historia, el caso de incapacidad e ilegalidad.
Suscribo la opinión de Maribel Ramírez Coronel. Al cabo una muerte más o menos por falta de medicamentos en los hospitales — por la corrupción de malos funcionarios – ni se nota ante las masacres de todos los días en el país por parte del crimen organizado. O tal vez la solución sea como me decía mi mamá cuando de niño me enfermaba: sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana.
