El sistema judicial de la Ciudad de México está a punto de enfrentar un cambio significativo. Por primera vez, 76 funcionarios judiciales en activo, entre ellos jueces y magistrados, han decidido participar en el proceso electoral para la renovación de 128 plazas en el Poder Judicial. Esta iniciativa busca reforzar la transparencia y la legitimidad en los nombramientos, al mismo tiempo que pone a prueba la confianza ciudadana en la justicia local.
¿Quiénes son los candidatos y qué buscan?
Según el listado enviado al Congreso capitalino, de los 76 aspirantes:
- 53 jueces competirán por 95 cargos disponibles.
- 23 magistrados buscarán ocupar 33 posiciones vacantes.
Los candidatos provienen de distintas especialidades judiciales, incluyendo:
- Derecho civil y mixto.
- Tutela de derechos humanos.
- Justicia penal y de adolescentes.
- Ejecución de sanciones penales.
- Derecho familiar (adopción nacional e internacional).
- Derecho laboral.
Sin embargo, un dato llamativo es que ninguna persona se postuló para ocupar cargos en materia de extinción de dominio, una de las áreas más críticas en términos de recuperación de bienes obtenidos ilícitamente.
El proceso electoral: requisitos y supervisión
La elección de los jueces y magistrados no será un simple trámite. Los postulantes deberán cumplir con estrictos requisitos legales y técnicos. La diputada Xóchitl Bravo, integrante de la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados, enfatizó:
“El registro no garantiza la candidatura. Los comités ciudadanos de los tres poderes de la ciudad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) evaluarán los perfiles con rigor técnico y seleccionarán a quienes estén mejor capacitados.”
Este proceso incluye:
- Inscripción automática de los candidatos en la boleta electoral.
- Evaluación por comités ciudadanos independientes.
- Inclusión de seis candidatos adicionales propuestos por los tres poderes locales.
Presupuesto y transparencia
Para este proceso, el decreto de egresos 2025 contempla un presupuesto de 357 millones de pesos destinados al pago de los jueces y magistrados que declinen su candidatura o que no resulten elegidos. Esto asegura una transición ordenada y respalda el compromiso con la transparencia en el uso de recursos públicos.
Casos polémicos entre los aspirantes
La lista de candidatos incluye nombres que han generado controversia. Por ejemplo:
- Silvia García Lara, juez especializada en derecho familiar, ha sido señalada por retrasar procesos y reducir pensiones alimenticias sin fundamentos sólidos, según denuncias de padres afectados.
- Javier Raúl Ayala Casillas fue acusado de liberar a un presunto defraudador en un caso de fraude genérico por más de un millón de dólares.
- José Guadalupe Carrera Domínguez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia local, busca reafirmar su lugar en el sistema judicial.
Estos casos han levantado cuestionamientos sobre la imparcialidad y el desempeño de algunos candidatos, lo que añade un componente de escrutinio público al proceso electoral.
Un paso hacia la transformación judicial
Este proceso electoral es un avance hacia la democratización del Poder Judicial, un sector que históricamente ha enfrentado críticas por su opacidad y falta de rendición de cuentas. Los comités ciudadanos jugarán un papel crucial al garantizar que los elegidos sean personas con altos estándares éticos y técnicos.
La diputada Brenda Ruiz, presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso de la Ciudad, comentó:
“Estamos sentando un precedente. Queremos un sistema judicial que inspire confianza y que responda a las necesidades de justicia de la población. Este proceso es un paso en esa dirección.”
Retos y expectativas
Entre los retos más destacados se encuentran:
- Garantizar la imparcialidad en la selección y evaluación de los candidatos.
- Recuperar la confianza ciudadana, especialmente en un contexto donde el 68% de los habitantes de la CDMX perciben al sistema judicial como ineficaz, según datos del INEGI.
- Promover la inclusión y paridad de género dentro del Poder Judicial, una demanda que ha cobrado fuerza en los últimos años.
Un proceso que marcará historia
El 1º de junio será una fecha crucial no solo para los juzgadores en busca de mantener o ascender en sus cargos, sino para el sistema judicial en su conjunto. Este ejercicio, que combina democracia, evaluación técnica y participación ciudadana, tiene el potencial de transformar la percepción y el funcionamiento de la justicia en la Ciudad de México.
Mientras tanto, la ciudadanía estará atenta a cómo se desarrolla este inédito proceso y a los cambios que puedan surgir en un Poder Judicial que busca adaptarse a las demandas de un México más transparente y democrático.
