En la antesala de una de las transformaciones más significativas de los últimos 30 años, el Poder Judicial de la Federación (PJF) inició este lunes su primer y único periodo ordinario de sesiones de 2025 con la estructura que lo ha caracterizado por tres décadas. A partir de junio y septiembre próximos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y varios tribunales y juzgados del país podrían transitar hacia una configuración completamente distinta, en la que el tradicional CJF sería reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Pleno de la SCJN se reduciría a nueve integrantes.
A lo largo de las últimas semanas, el proceso de transición ha estado marcado por la polémica. Por un lado, la reforma aprobada el año pasado estipula la realización de una elección inédita el 1° de junio de 2025, en la que los ciudadanos votarán por ministras y ministros, magistradas y magistrados, e incluso juezas y jueces, siguiendo un complejo modelo que promete saturar de boletas las urnas. Por otro lado, asociaciones judiciales, encabezadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), han expresado su preocupación sobre la viabilidad de estos comicios y su impacto en la independencia judicial.
Último periodo con la estructura tradicional
A las 12:00 horas de este lunes, la SCJN —encabezada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández— celebró una sesión solemne para dar comienzo oficial a este nuevo periodo ordinario de trabajo. Como marca la tradición, la Comisión de Receso, integrada en esta ocasión por la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, rindió un informe sobre las actividades realizadas durante el receso decembrino.
La atención de la reunión, sin embargo, estuvo más allá de la rutina habitual. Se percibía un ambiente de expectativa ante la inminente reforma que promete fusionar y reorganizar estructuras, suprimir al CJF y crear el TDJ como el ente responsable de supervisar y, en su caso, sancionar a los integrantes del Poder Judicial.
Por si fuera poco, el calendario de la reforma establece el 9 de enero como fecha límite para que la SCJN resuelva las impugnaciones presentadas por 471 personas que fueron rechazadas en el proceso de inscripción de candidaturas. De ahí que, en las próximas horas, se definirá la lista final de aspirantes a las nuevas magistraturas y juzgados, en una dinámica novedosa que culminará el 1° de junio con la votación ciudadana.
Elección de junio: Hechho histórico y un dolor de cabeza operativo
El próximo 1° de junio de 2025 pasará a la historia por la elección que definirá la integración de la nueva SCJN, el TDJ y diversos órganos judiciales, como la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De acuerdo con la reforma, el Pleno de la SCJN quedará compuesto por nueve integrantes —cinco ministras y cuatro ministros— y el o la titular será la persona que obtenga la mayoría de los votos.
No obstante, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha manifestado serias complicaciones para gestionar este proceso. Un recorte presupuestal del 52% impuesto por el Congreso de la Unión ha encendido alarmas sobre la posibilidad de contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo una elección tan compleja, que contempla boletas con decenas de nombres y cargos.
Consejeros del INE han advertido que, ante el desconocimiento de la ciudadanía sobre esta votación atípica y la saturación de boletas, la participación podría descender por debajo del 10%. Este escenario podría mermar la legitimidad de los nuevos funcionarios judiciales y encender el debate sobre si realmente existe un respaldo ciudadano a la reforma.
Postura de la Jufed: Llaman a suspender la reforma
En medio de esta coyuntura, la Jufed —la asociación que agrupa a jueces de Distrito y magistrados de Circuito— ha solicitado la suspensión de la reforma judicial. Argumentan que existen “irregularidades que demuestran su inviabilidad”, desde problemas logísticos y un presupuesto electoral limitado, hasta el riesgo de manipulación política en la selección y elección de candidatos.
Según la Jufed, permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) aumenta el riesgo de sesgo político y, por consiguiente, amenaza la independencia del Poder Judicial. Esta preocupación se ve agudizada por la alta posibilidad de que aspirantes afines al partido en el poder obtengan una ventaja significativa en la contienda.
¿Un Poder Judicial politizado?
Otro factor que preocupa a la Jufed y a diversos especialistas en derecho constitucional es la supuesta intención de “desmantelar” el sistema de contrapesos a través de una elección popular masiva. Temen que el nuevo modelo pueda facilitar el control partidista de las instancias judiciales, especialmente si las campañas electorales están guiadas por intereses políticos más que por el mérito o la trayectoria profesional de los candidatos.
La Jufed también alzó la voz ante lo que consideran un “incumplimiento flagrante del orden jurídico”. Según sus declaraciones, varias suspensiones de carácter judicial en contra de la reforma han sido pasadas por alto, lo que no solo viola mandatos legales, sino que sienta un precedente peligroso para la certeza jurídica en el país. De acuerdo con la asociación, esta postura desafiante podría acarrear responsabilidades administrativas y penales para quienes participan en la implementación de la reforma, incluyendo a funcionarios del INE y a ciudadanos designados como funcionarios de casilla.
Si las resoluciones y el calendario avanzan sin contratiempos, el 1° de septiembre de 2025, las nuevas ministras, ministros, magistradas y magistrados rendirán protesta ante el Senado, marcando formalmente el inicio de la nueva era del Poder Judicial. El CJF dejará de existir y se integrará el TDJ, abriendo la puerta a una etapa de mayor fiscalización interna —siempre y cuando prevalezca la independencia—.
Mientras tanto, el Pleno de la SCJN, con su composición actual, deberá resolver en tiempo récord las impugnaciones pendientes y atender los reclamos de la Jufed. Con los días contados, los ministros vigentes se enfrentan al desafío de regular un proceso que a la vez sella el fin de su propio modelo organizativo.
Encrucijada histórica
El Poder Judicial, pieza fundamental en el equilibrio de poderes de México, vive un momento crítico. Por un lado, se prepara para una renovación que promete modernizar su estructura y acercar la justicia a la ciudadanía a través de la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Por el otro, subsisten grandes dudas sobre la logística, la independencia y la legitimidad de este mecanismo.
La atención está puesta en cómo los actores clave —SCJN, INE, gobierno federal, legisladores y asociaciones judiciales— convergerán en los meses venideros. Con la presión del tiempo, el reloj marca una cuenta regresiva hacia el 1 de junio, fecha en que millones de mexicanos podrían definir el futuro de la justicia en el país… si el llamado a suspender la reforma no prospera y si se logra sortear la compleja operación electoral.
El desenlace, según insisten voces críticas y entusiastas, será un parteaguas: ¿La reforma consolidará un Poder Judicial más cercano a los intereses ciudadanos o inaugurará una era de politización y vulnerabilidad institucional? En pocos meses, la historia dará su veredicto.
