Foto: AMTM
La llegada de la electromovilidad ha modificado la relación entre autoridades y operadores del transporte, hasta plantearse un nuevo modelo de negocio que aún no se define, pero tiene en juego la seguridad de millones de pasajeros en la Ciudad de México.
Para comprender estos cambios, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) buscó a dos especialistas que participarán en el 16º Congreso Internacional de Trasporte (16CIT), con el fin de pedirles que expliquen esta transición y los riesgos que implica.
Si bien los modelos de negocio han evolucionado de manera radical, en la actualidad existe la tendencia a separar la operación de la adquisición de flota y traer nuevos actores que financien esa adquisición, tal como ocurrió durante la época de la pandemia con Transmilenio de Bogotá, Colombia, y el Transporte Público de Santiago de Chile, donde grupos privados compraron los buses y los rentan a los operadores, señaló Martha Lucía Gutiérrez, secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (Red SIMUS).
Separar la propiedad de la operación es un modelo posible, pero con un alto riesgo, consideró por su parte el conocido consultor de movilidad urbana en Brasil, Sergio Avelleda, porque cuando se es propietario de una unidad se mantiene con un determinado estándar de calidad, lo cual deja de ocurrir cuando las unidades son rentadas, porque la preocupación de mantenimiento cambia muchísimo y la seguridad de las personas se encuentra en juego.
Consideró que retirar a los propietarios de los autobuses la demanda de capital para la renovación, que siempre representa inseguridad, y provocar que concentren su experiencia en la operación, puede ser una solución a la problemática del modelo de negocio de los autobuses, pero conlleva un riesgo muy elevado por el tema del mantenimiento.
Esta, dijo, es una posibilidad, pero hay otras, como contratar a los operadores para comprar y operar los autobuses, con una inversión a capital por parte de las autoridades.
Explicó que, dentro de este modelo, las autoridades solicitan crédito a organismos internacionales, como el Banco Mundial, para pagar la diferencia entre el costo de los autobuses convencionales y el de los autobuses eléctricos. Ante estas instituciones de crédito mundial, las autoridades tienen una evaluación de riesgo distinta a la de los operadores, por lo que los intereses son menores.
Entonces, agregó, el gobierno paga la prestación del interés más la financiación, con la economía generada por la operación de los buses eléctricos, que es mucho más barato, lo cual significa que la flota sigue siendo propiedad de los operadores y ellos se hacen cargo del mantenimiento.
Martha Lucía Gutiérrez, de Colombia, y Sergio Avelleda, de Brasil, son dos connotados especialistas, altamente conocidos en el sector del transporte por su amplísima trayectoria, quienes participarán en el 16CIT, Innovación en Movimiento, que se llevará a cabo de manera gratuita los días 8 y 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, del Instituto Politécnico Nacional, previa inscripción en
