Ante los recientes bloqueos en dos de los principales accesos a la Ciudad de México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) han salido a aclarar que ninguna empresa afiliada a estas organizaciones tiene deudas pendientes con los transportistas que han trabajado en las obras del Tren Maya.
Esto luego de que transportistas bloquearan las carreteras México-Pachuca y México-Querétaro, argumentando que no habían recibido el pago por los servicios prestados en el tramo 2 de la obra. Estos trabajadores afirmaron que algunas empresas los contrataron para proveer material de construcción, pero no fueron remunerados. Algunos transportistas mencionaron que les debían hasta 100 mil pesos.
Sin embargo, el presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, indicó que hasta el momento, no han recibido informes de adeudos de las empresas afiliadas. “No tenemos en el escritorio datos de adeudos de constructores”, destacó Méndez Jaled, añadiendo que su organización siempre ha estado dispuesta a colaborar con los transportistas para resolver cualquier incidencia de pago.
Por su parte, el gobierno federal, representado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, aclaró que no existen deudas con los trabajadores de las obras del Tren Maya. La mandataria aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la obra, ya había iniciado los pagos a las empresas involucradas para que a su vez, liquidaran a los transportistas.
Además, la Canacar también reafirmó que ninguna de sus empresas afiliadas está afectada por la falta de pago por los servicios prestados en el Tren Maya. Esta postura fue respaldada por ambos organismos, que enfatizaron la importancia de transparentar las relaciones laborales y de pago para evitar malentendidos.
Este no es el primer caso en el que trabajadores se quejan por pagos atrasados en proyectos de infraestructura pública. En 2021, empleados de la Refinería Olmeca de Pemex también denunciaron la falta de pago por parte de una empresa privada, ICA Fluor.
La situación subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y pago en obras de infraestructura, especialmente cuando hay involucradas múltiples empresas y el sector público. Las organizaciones empresariales han reiterado su compromiso con la transparencia y la colaboración para resolver estos conflictos de manera eficiente.
