El gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, se encuentra en el ojo del huracán tras el descubrimiento de un esquema de corrupción que involucra el desvío de 5 mil millones de pesos mediante 227 empresas fantasma. Estos recursos, originalmente destinados a sectores clave como la salud, educación y desarrollo social, han sido canalizados hacia compañías ficticias que operan con domicilios fiscales en casas particulares.
El caso involucra a múltiples empresas creadas entre 2019 y 2022, en coincidencia con el periodo de la actual administración. Estas compañías, que incluyen nombres como Dimaq de Xalapa SA de CV, Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV y Distribuidora Biotecpharma S. de RL de CV, presentan domicilios en casas particulares, principalmente en colonias populares. De acuerdo con el diputado local Marlon Ramírez Marín, quien ha sido uno de los principales críticos de esta administración, “el 80% de los contratos públicos de la Secretaría de Salud se han adjudicado a estas empresas fantasma”.
La Secretaría de Salud es la dependencia con mayor asignación de contratos a empresas fantasma, con 52 compañías involucradas, representando cerca de 5 mil millones de pesos. Estos fondos, destinados a la infraestructura hospitalaria y atención de emergencias, fueron desviados sin evidencia de que los bienes o servicios pactados hayan sido entregados.
Casos emblemáticos: Profesora con contratos millonarios
Uno de los casos más representativos es el de Araly Rodríguez Vez, una profesora de secundaria en Poza Rica, Veracruz. Rodríguez, sin experiencia previa en el sector de proveeduría, recibió contratos que suman más de 100 millones de pesos. Ramírez Marín explicó que esta docente es una pieza clave en el esquema de corrupción. “Es inaudito que una maestra con ingresos de 7 mil pesos mensuales obtuviera contratos por 60 millones de pesos de la Secretaría de Salud y otros 40 millones de la Secretaría de Seguridad Pública”, señaló el diputado.
Entre los contratos adjudicados a Rodríguez se incluyen la venta de uniformes, batas y despensas, además de equipo médico. A pesar de su falta de experiencia, Rodríguez logró firmar 31 contratos con los Servicios de Salud de Veracruz por insumos médicos y artículos de emergencia durante la pandemia de COVID-19.
Falta de Control y Transparencia en la Administración
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) ha encontrado irregularidades importantes en la adjudicación de contratos a empresas fantasma. En el caso de Rodríguez, se detectó que registró su actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apenas siete días después de haber firmado un contrato con los Servicios de Salud de Veracruz. Además, está registrada en el padrón de proveedores del DIF estatal, del Poder Judicial y de varios municipios, lo que indica una red de contratos en diferentes niveles de gobierno.
La administración de Cuitláhuac García ha recibido críticas contundentes por su aparente falta de control sobre los recursos públicos. Marlon Ramírez Marín, en un llamado al Orfis y a la Fiscalía General del Estado, exigió investigaciones transparentes y sanciones para los implicados en este esquema de corrupción. “Estamos ante una red de corrupción compleja, donde prestanombres y beneficiarios de programas sociales han sido utilizados para encubrir este desfalco”, afirmó el legislador.
Los recursos desviados a empresas fantasma han afectado gravemente la prestación de servicios de salud, educación e infraestructura en Veracruz. Las comunidades enfrentan problemas graves de falta de insumos en hospitales, abandono de escuelas y proyectos de desarrollo social cancelados debido a la falta de presupuesto. En palabras de Ramírez Marín, “cada peso desviado a una empresa fantasma es un peso menos para los veracruzanos que necesitan servicios básicos”.
Exigen Auditoría y Rendición de Cuentas
Ante la creciente presión pública, el gobierno estatal se enfrenta a un clamor por auditorías independientes y rendición de cuentas. Ciudadanos y organizaciones civiles demandan transparencia y el castigo de los responsables. La Coordinadora Nacional Anticorrupción convocó a una protesta el próximo 15 de noviembre en Xalapa, exigiendo que el gobierno rinda cuentas claras y se implementen medidas contra la corrupción.
En respuesta a las acusaciones, la administración de Cuitláhuac García ha negado tener información sobre las empresas señaladas y argumenta que estas denuncias son “ataques políticos”. Sin embargo, no ha proporcionado evidencia que respalde su postura. “No contamos con información que confirme las características denunciadas en los contratos”, expresó un vocero del gobierno estatal, aunque las pruebas presentadas por el Orfis y el diputado Ramírez Marín parecen desmentir esta declaración.
Este caso de corrupción en Veracruz pone en evidencia la necesidad de establecer sistemas de control más rigurosos y transparentes en la administración pública. La falta de controles y la permisividad hacia la creación de empresas fachada para el desvío de recursos plantea un desafío para la justicia en México y resalta la urgencia de reformas que garanticen el buen manejo de los recursos públicos.
El futuro del combate a la corrupción en Veracruz dependerá en gran medida de la respuesta de las autoridades y de su compromiso por aplicar la ley sin distinciones. Con este tipo de investigaciones, los ciudadanos esperan que los responsables enfrenten consecuencias legales y que se implemente una vigilancia constante en el uso de los recursos públicos para que estos casos no se repitan.
