La paridad de género en cargos de elección popular ha sido un logro indudable en la historia reciente de México: el Congreso federal cuenta con igual número de legisladoras y legisladores, hay 13 gobernadoras en distintas entidades y por primera vez una mujer ocupa la Presidencia de la República.
Sin embargo, este triunfo en el ámbito político también ha revelado un panorama preocupante: la violencia política de género se concentra, sobre todo, a nivel municipal y casi la mitad de los agresores no reciben sanción alguna.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que en un lapso de cinco años —de 2020 a 2024— se registraron 470 casos de violencia política de género contra 427 personas responsables de dichos actos, pues algunas incurrieron más de una vez en este delito. El dato más llamativo es que en cuatro de cada 10 casos las agresiones (que van desde violencia sicológica hasta violencia física) han ocurrido a nivel municipal, lo que prende los focos rojos en alcaldías y presidencias municipales de todo el país.
Durante la presentación de este informe, diversas funcionarias, activistas y especialistas coincidieron en que los espacios de poder en los municipios se han convertido en el epicentro de la violencia política de género. Carmen López, consejera electoral del INE, comentó que “las mujeres se enfrentan a obstáculos adicionales cuando buscan acceder y ejercer cargos públicos en el ámbito local.
“Es aquí donde la cultura patriarcal sigue ejerciendo mayor resistencia al cambio y se observan con frecuencia conductas de intimidación, hostigamiento y hasta agresiones físicas”, expresó.
Entre los datos más impactantes proporcionados por el INE, destaca que 45% de los agresores no recibió ningún tipo de castigo. De los 470 casos registrados, 216 no tuvieron sanción; en 162 se impuso una multa económica; en 87 se emitió una amonestación pública y en el resto se aplicaron otros mecanismos de sanción. Además, ocho de cada 10 agresores fueron hombres, y en 53 casos había una relación de superioridad jerárquica sobre la víctima. Estos números reflejan la impunidad y la urgencia de reforzar los mecanismos de protección a las mujeres que participan en la política.
Los cargos de elección popular donde se concentraron más agresores fueron las presidencias municipales, con 112 casos. Le siguen las regidurías, con 59; las sindicaturas, con 17; y diversas posiciones en las tesorerías y secretarías municipales.
El caso de Irimbo, Michoacán, resonó a nivel nacional: tras comprobarse la existencia de una campaña de descalificación contra la candidata perredista Azucena Ruiz, el Tribunal Electoral anuló los resultados iniciales y ordenó una elección extraordinaria. Ruiz ganó en la reposición de la contienda el pasado 8 de diciembre, sentando un precedente que, no obstante, no siempre se ve reflejado en otras localidades donde hay denuncias similares.
En la misma línea, otro tema controversial es el litigio que la excandidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, mantiene contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Gálvez denunció violencia política de género tras las declaraciones del entonces mandatario, quien en sus conferencias matutinas sugirió que la candidata era manipulada por un grupo de políticos y empresarios.
Aunque la Sala Especializada del Tribunal Electoral concluyó en un primer momento que existió violencia simbólica, el caso sigue en el limbo legal luego de que la Sala Superior ordenara hacer un nuevo análisis, evidenciando lo complejo que resulta lograr sentencias definitivas.
En el ámbito legislativo, la consejera López subrayó que “si bien se han dado pasos gigantes hacia la paridad de género, es crucial robustecer las herramientas que protejan a las mujeres, especialmente a nivel local. No se trata sólo de garantizar el acceso a la contienda electoral, sino de asegurar que puedan ejercer sus funciones sin ser víctimas de violencia”.
Con esto, el INE anunció la continuidad de su programa piloto de “primeros auxilios” jurídicos y sicológicos para candidatas. Durante 2024 se recibieron 42 solicitudes de apoyo y se identificó que, en 19 casos, no existía ningún mecanismo local para atender denuncias de violencia política.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la CDMX, respaldaron las iniciativas del INE, pero reconocieron que aún falta coordinación con las autoridades municipales. Ana Gabriela Medina, representante del observatorio, apuntó que “las mujeres que compiten en municipios rurales se sienten más desprotegidas. En muchos casos, las amenazas e intimidaciones provienen de actores locales con poder y pocas instituciones se atreven a intervenir”.
Mientras tanto, la economía y la innovación tecnológica en la CDMX y otras grandes urbes siguen avanzando con la llegada de más mujeres emprendedoras y funcionarias, pero las cifras de violencia política de género recuerdan la brecha que todavía existe en municipios donde la cultura machista no ha cedido terreno. En ese sentido, funcionarios y activistas insisten en que la capacitación de las autoridades locales, la creación de protocolos más claros y el fortalecimiento de la legislación vigente son piezas clave para frenar este fenómeno.
A pesar de la falta de sanciones en muchos casos, la persistencia de las mujeres en el ámbito político ha incrementado su presencia en puestos clave de toma de decisiones. Lo que sigue será consolidar un entorno donde participar en política no suponga riesgo de agresión o intimidación. El reto —coinciden especialistas, consejeras electorales y la propia ciudadanía— es lograr que la paridad no sólo exista en el papel, sino que se traduzca en condiciones seguras y justas para todas.
