La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, de Morena, aseguró que la movilidad humana no debe criminalizarse, pues a las personas migrantes se les deben reconocer no sólo como sujetos de protección, sino como agentes fundamentales de cambio en los lugares a los que llegan.
Lo anterior, al inaugurar el encuentro anual de la Colectiva Internacional para la Difusión y Promoción de los Derechos Humanos (CIDDHH), “Voces para la fraternidad, la prosperidad compartida y la justicia social”.
En el encuentro, la legisladora subrayó que las personas migrantes no sólo atraviesan fronteras geográficas, sino sociales, legales, culturales y amenazas constantes a sus derechos humanos.
“En el país vecino del norte se lleva una situación muy difícil; se tiene que respetar la soberanía de los países, pero de manera prioritaria se deben defender los derechos humanos y la dignidad de las personas”, aseveró.
Karina Ruiz Ruiz señaló que salir de tu país implica dejar atrás “lo propio” y enfrentarse a contextos de marginación, xenofobia, violencia y a una constante lucha por preservar la identidad.
Por ello, desde el Senado de la República hemos sido firmes, la movilidad humana no debe ser criminalizada, la migración no es un delito, es un derecho y el Estado mexicano está obligado por mandato constitucional y por principios de humanidad a garantizar que nadie sea perseguido por buscar una mejor vida, puntualizó.
Indicó que en las mesas de trabajo se abordarán temas clave en el presente y el futuro, como la eliminación de los techos de cristal, la defensa de las minorías y pueblos originarios, la reflexión sobre tecnología y gobernanza, y el papel del arte y la cultura como herramientas de transformación.
En tanto, Salma Luévano Luna, titular de Economía de Inclusión de la Secretaría de Economía, consideró que nos encontramos en un momento de relevancia coyuntural a nivel mundial, en el que México puede ser referente crucial como “un faro” en materia de derechos humanos, ante el embate xenofóbico que Estados Unidos ha lanzado contra la población migrante.
Debemos integrar políticas que fortalezcan la verdadera diversidad e inclusión, a fin de brindar certeza laboral y jurídica a personas que regresan a su país en búsqueda de oportunidades y tratos humanos.
“Seamos ese puente y no dudemos en tenderle la mano a quien lo necesita, sin importar si es parte de la población migrante, indígena, de la diversidad sexual, en situación de pobreza o con alguna discapacidad”, concluyó.
Mario Alberto Omaña Mendoza, presidente de la Colectiva Internacional CIDDHH, expresó que, frente a los discursos y acciones de odio en el mundo, desde México debemos actuar y hablar por las personas más vulnerables, desfavorecidas e históricamente violentadas, porque “no es correcto ser omisos ante las amenazas de millones de familias por su situación migratoria, color de piel o forma de pensar”.
Blanca Patricia Talavera Torres, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, hizo una invitación a la tolerancia, la paz, el respeto, el progreso y garantizar la dignidad de las personas, sus derechos y condiciones.
“Las y los legisladores nunca deben olvidar que tienen en la sociedad a su mejor aliado para cristalizar la defensa de los derechos fundamentales, siempre atentos para trabajar por México”, manifestó.
Arturo Miguel Chipuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, dijo que las instituciones de educación superior tienen el deber de involucrarse activamente en los procesos de deliberación plural, pues “es imperativo acompañar, proponer y sostener desde el conocimiento crítico” el respeto a los derechos humanos.
Nuestra labor de investigación, docencia y vinculación tiene como brújula la dignidad de todas las personas, con especial énfasis en quienes históricamente han sido marginadas, invisibilizadas o violentadas, convencidos de que los derechos humanos son una práctica viva que se nutre del diálogo intercultural y de la solidaridad global, apuntó.
