La creciente popularidad de los servicios de transporte en motocicleta por aplicación digital volvió a quedar en entredicho tras un fatal accidente ocurrido sobre Paseo de la Reforma, donde una mujer perdió la vida al ser proyectada contra un árbol luego de que el conductor de una motocicleta —presuntamente afiliada a DiDi Moto— perdiera el control al intentar rebasar entre vehículos.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima portaba un casco no apto para uso en motocicleta, lo que agravó el impacto y contribuyó a que el accidente resultara letal. El conductor fue detenido y la Secretaría de Movilidad de la CDMX confirmó que este tipo de servicio no está permitido en la capital, por lo que iniciará acciones legales contra las plataformas involucradas.
El fenómeno: movilidad exprés fuera del marco legal
Los servicios de transporte en motocicleta ofrecidos por plataformas digitales han ganado terreno en ciudades altamente congestionadas. En zonas donde el transporte público es insuficiente y los traslados en automóvil resultan costosos o lentos, las motos por app se presentan como una alternativa “rápida y barata”. Sin embargo, este modelo opera en un vacío legal, sin regulación efectiva ni protección jurídica para pasajeros.
Pese a su creciente uso, la Ley de Movilidad de la CDMX prohíbe expresamente el traslado de personas como pasajeros en motocicleta mediante plataformas tecnológicas, ya que no existen garantías de seguridad, ni protocolos homologados.
Ventajas aparentes del servicio
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Reducción de tiempos de traslado en horarios pico.
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Tarifas competitivas frente a taxis o servicios en automóvil.
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Cobertura en zonas marginadas o periféricas, donde el transporte formal es escaso o nulo.
Riesgos estructurales y fallas sistémicas
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Inexistencia de regulación formal y falta de supervisión gubernamental.
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Equipamiento inadecuado para el pasajero: en múltiples casos, se entregan cascos para bicicleta, sin certificación ni ajuste.
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Ausencia de seguros con cobertura para terceros o pasajeros en caso de siniestros.
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Conductores sin capacitación vial o experiencia certificada, lo que los hace vulnerables a errores en contextos de tráfico denso.
Impacto social y legal tras el accidente
La muerte de la pasajera activó una ola de reclamos por parte de legisladores, colectivos ciudadanos y organizaciones de movilidad.
Diversos actores han calificado el modelo como una forma de “pirataje digitalizado”, que aprovecha la falta de alternativas en transporte público para capitalizar el riesgo y la urgencia.
Se han documentado casos similares en otras entidades como Puebla, Guadalajara y Monterrey, donde las motocicletas por app han estado involucradas en siniestros viales con consecuencias graves.
Datos que contextualizan el riesgo
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Según el Observatorio de Lesiones Viales, los motociclistas representan más del 30% de las víctimas mortales en accidentes de tránsito en zonas urbanas de México.
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El uso de cascos no certificados incrementa en un 60% la probabilidad de daño craneal severo en accidentes a más de 30 km/h.
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Menos del 10% de las motos registradas en plataformas cuentan con pólizas activas que cubran a pasajeros.
Reacciones institucionales
La Secretaría de Movilidad de la CDMX reiteró que estos servicios están fuera del marco legal y que procederá contra las empresas operadoras. Legisladores de distintas bancadas urgieron a emitir una regulación específica o la prohibición definitiva de las motos por app.
No obstante, la falta de mecanismos de vigilancia digital y la debilidad de los marcos normativos han dificultado el control de estas operaciones.
El caso reciente no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una movilidad urbana desigual, una legislación omisa y una industria tecnológica que crece más rápido que la ley.
Las motocicletas por app representan un dilema ético, legal y social: entre la promesa de inmediatez y el costo de vidas humanas, la ciudad enfrenta el reto de decidir si la velocidad vale más que la seguridad.
Mientras no exista una normativa clara, controles estrictos y educación vial tanto para conductores como para usuarios, el modelo seguirá alimentando estadísticas de siniestralidad, amparado en la indiferencia institucional y la necesidad ciudadana.
