Durante la presentación de su segundo y último Informe de Labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, realizó una contundente denuncia sobre las agresiones, amenazas y calumnias dirigidas contra integrantes del Poder Judicial Federal (PJF). En su discurso, Piña detalló cómo estas acciones han sido consecuencia de resoluciones que han contrariado los intereses del gobierno federal, particularmente desde la implementación de la reforma judicial en 2024.
El evento, celebrado en el recinto judicial de la Ciudad de México, reunió a exministros de la SCJN, magistrados electorales y funcionarios públicos, aunque destacó la ausencia de representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo federal.
Denuncias y contexto: Poder Judicial bajo ataque
Piña inició su discurso reconociendo que el PJF ha sido blanco de amenazas y agresiones sistemáticas, particularmente desde que el máximo tribunal invalidó decisiones clave del gobierno de la Cuarta Transformación. Uno de los momentos más críticos, según la ministra, ocurrió en abril de 2023, cuando la SCJN anuló el decreto que transfería el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Desde entonces, se intensificaron las amenazas hacia jueces, magistrados y ministros. Nos llamaron traidores, corruptos y aliados de intereses oscuros, incluso se realizaron alegorías en ataúdes para amenazarnos”, afirmó Piña.
Otro punto álgido se produjo en junio de 2023, cuando la SCJN invalidó, por mayoría de nueve votos, el denominado “Plan B” de la reforma político-electoral, argumentando violaciones graves al procedimiento legislativo. Piña subrayó que estas decisiones provocaron una escalada de ataques mediáticos y políticos contra los integrantes del PJF.
Reforma judicial: una transformación controvertida
La reforma judicial aprobada en 2024 fue otro tema central en el informe de Piña. Según la ministra, esta reforma presenta desafíos significativos para la impartición de justicia en México. Criticó la eliminación de la carrera judicial y advirtió que las consecuencias de estas modificaciones son impredecibles.
“No podíamos caer en la salida fácil. México no merece un sistema que politice la impartición de justicia. La independencia del Poder Judicial es fundamental para defender nuestra democracia”, enfatizó Piña, mientras reiteraba que cualquier reforma debe construirse con un diagnóstico sólido y no como una reacción política.
Ausencia del gobierno federal y la respuesta institucional
En un hecho sin precedentes, ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni representantes del Senado o la Cámara de Diputados asistieron al informe. En su lugar, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, fue el único enviado del Ejecutivo federal. Esta ausencia refleja la tensión entre el Poder Judicial y el gobierno.
Además, la ministra Lenia Batres Guadarrama escribió en redes sociales durante el informe, calificando el discurso de Piña como “los últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían suyo”.
Voces del Poder Judicial y de los asistentes
El evento contó con la presencia de ex ministros como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y Eduardo Medina Mora, quienes destacaron la importancia de la independencia judicial en sus declaraciones a medios posteriores. “La autonomía del Poder Judicial es la base de cualquier democracia funcional”, comentó Ortiz Mayagoitia.
Por su parte, magistrados electorales como Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora reafirmaron su compromiso con la transparencia y el Estado de derecho, aunque reconocieron los retos que enfrenta la judicatura en este contexto de polarización.
Implicaciones para la democracia y el futuro del PJF
El informe de Piña no solo evidenció las tensiones actuales entre el gobierno y el Poder Judicial, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre el futuro de la justicia en México. La ministra concluyó su discurso destacando que, a pesar de los desafíos, el PJF debe mantenerse firme en su función de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos.
“Hoy más que nunca, necesitamos un Poder Judicial autónomo, que no se doblegue ante intereses políticos. Defender esta independencia no es solo una cuestión institucional; es una responsabilidad democrática que nos compete a todos”, concluyó.
