En México, más de 24,053 niñas, niños y adolescentes están registrados como desaparecidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta cifra representa el 20.05% del total de desaparecidos en el país, que asciende a 119,950 personas. Los números, devastadores, reflejan una realidad dolorosa y compleja que afecta a las familias más vulnerables.
La organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, denunció que las familias enfrentan múltiples obstáculos para que las autoridades actúen de manera inmediata. Pese a que la ley estipula que en casos de menores desaparecidos debe iniciarse la búsqueda de forma inmediata, en muchos casos las autoridades aún insisten en esperar 72 horas antes de actuar.
“Es una omisión grave que puede costar vidas. Cada minuto cuenta cuando se trata de un menor desaparecido,” destacó Juan Carlos Gutiérrez, coordinador jurídico de Idheas, durante la presentación de una guía para exigir los derechos de las familias afectadas.
La guía, basada en el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, busca empoderar a los familiares y garantizar que las autoridades cumplan con su deber de búsqueda oportuna.
Estados más afectados
De acuerdo con los datos oficiales, las entidades con mayor número de reportes de menores desaparecidos son:
- Estado de México: 4,457 casos.
- Jalisco: 2,503 casos.
- Tamaulipas: 2,180 casos.
- Ciudad de México: 1,600 casos.
- Veracruz: 1,308 casos.
- Tabasco: 1,116 casos.
- Nuevo León: 1,159 casos.
La mayoría de los desaparecidos tienen entre 13 y 17 años de edad, lo que los convierte en un grupo particularmente vulnerable a fenómenos como la trata de personas y el reclutamiento forzado.
Crisis vinculada a otros delitos
Según Gutiérrez, detrás de las desapariciones de niñas y adolescentes, existe un fuerte vínculo con la trata de personas. En el caso de los niños, el reclutamiento forzado para actividades delictivas como el narcotráfico es una realidad alarmante. Estas dinámicas son síntomas de un problema estructural que requiere atención inmediata y coordinada.
“El protocolo de búsqueda no solo es una herramienta, es una obligación para las autoridades. Es urgente contextualizar el fenómeno y actuar con rapidez,” subrayó.
En el evento, familiares de menores desaparecidos compartieron testimonios desgarradores sobre su lucha por obtener respuestas. María Hernández, madre de una adolescente desaparecida en Jalisco, expresó: “Las autoridades nos hacen sentir que estamos solos. Tenemos que ser nosotros quienes investigamos, buscamos, gritamos. Es desgastante y doloroso.”
Por su parte, Alejandro Pérez, padre de un niño de 14 años desaparecido en Tamaulipas, narró cómo las autoridades minimizaron su caso: “Me dijeron que seguro estaba con amigos. Cuando reaccionaron ya habían pasado días críticos.”
Papel de las organizaciones internacionales
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido varias recomendaciones al gobierno mexicano, exigiendo acciones inmediatas en casos que involucren a menores. Entre ellas, destacan:
- La necesidad de capacitación para los cuerpos de seguridad y justicia.
- La implementación de bases de datos integradas y actualizadas.
- La creación de programas preventivos en comunidades vulnerables.
A pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones, la falta de recursos y voluntad política sigue siendo un obstáculo para resolver esta crisis.
Llamado a la acción
La magnitud del problema exige más que promesas: se requiere un compromiso real por parte de las autoridades y la sociedad. Expertos en derechos humanos coinciden en que el gobierno debe destinar recursos suficientes para fortalecer las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas.
Ana González, investigadora en temas de infancia, advirtió: “No podemos normalizar que miles de menores desaparezcan. Cada caso representa una vida, un sueño truncado, y una familia rota.”
El fiscal especial para personas desaparecidas, Roberto García, aseguró que se están revisando los protocolos de búsqueda y que se trabaja en coordinación con las comisiones estatales para atender los casos de manera más eficiente. Sin embargo, reconoció que persisten rezagos en la implementación de herramientas tecnológicas y recursos humanos.
Por su parte, el gobierno federal anunció una inversión adicional en programas de prevención y atención a la violencia contra menores. “No descansaremos hasta garantizar la seguridad y el regreso de nuestros niños a casa,” aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El drama de las desapariciones de menores en México no es solo un tema estadístico, es una emergencia nacional. Cada número en el registro representa una vida que falta, una familia que espera, y una sociedad que no debe mirar hacia otro lado. Las acciones deben ser inmediatas, contundentes y permanentes.
En palabras de María Hernández, madre en búsqueda incansable: “Seguiremos alzando la voz porque nuestros hijos no son solo un número. Son el futuro que nos están arrebatando.”
Es hora de que México enfrente esta crisis con la urgencia y el compromiso que merece. La infancia no puede esperar.
